Por: Fabián Gonzalo Pérez
El pasado 7 de agosto el Presidente Juan Manuel Santos tomó posesión de su segundo período como mandatario de los colombianos y anunció que los paradigmas de su nuevo mandato serán la paz, la equidad y la educación.
Terminada la ceremonia de posesión los noticieros informaron que al día siguiente el Presidente realizaría el primer viaje de su nuevo mandato y que sería al departamento de la Guajira, en donde una amplia población de adultos y niños, literalmente está muriendo de sed y desnutrición.
Al detenerme a pensar sobre la agenda del Presidente, vino a mi mente la pregunta de por qué razón el primer mandatario de los colombianos no incluyó como una de las prioridades de su nuevo gobierno el problema del agua, no obstante que su primera gestión justamente tendría que ver con el manejo de una crisis por sequía, ya identificada por la mayoría de los colombianos en la medida que recientemente hemos observado dantescas y dramáticas fotografías que parecerían propias de un país africano o de poblaciones del Sahara y no de nuestra propia geografía en donde no estamos habituados a ver a miles de seres humanos recorriendo largos caminos con tanques de agua a sus espaldas ni a cientos de animales morir por física sed.
Dos días antes de la posesión del Presidente de la República, se realizó en el Congreso de la República el primer debate de control político de esta legislatura y fue justamente sobre el cambio climático. En tal escenario los Senadores citantes hicieron afirmaciones del siguiente calibre:
– “Sin haberse iniciado prácticamente el fenómeno del niño, ya hay desolación y muerte en una buena parte del territorio colombiano”
– Actualmente hay riesgos de incendio forestal en 180 municipios de 14 departamentos del país debido a la sequía del territorio.
– En la actualidad hay 3.5 millones damnificados por la sequía.
– Se calcula que debido al mismo fenómeno se han perdido 21.300 empleos y las pérdidas económicas relacionadas con la agricultura y la ganadería son millonarias.
Concluida la exposición de los Senadores citantes intervino la Ministra del Medio Ambiente quien claramente expresó que una situación como la descrita debe enfrentarse con un plan estratégico pues el fenómeno del niño que causó la situación actual “llegó para quedarse”; aclarando que tal plan está en formación y que quedará concluido en el año 2015.
Cualquier colombiano que esté padeciendo la caótica situación de falta de agua que se ha descrito podría considerar que la respuesta de la Ministra del Medio Ambiente es indolente dada la urgencia de soluciones inmediatas; desafortunadamente y analizado el tema con cabeza fría solo se puede concluir que las palabras de la ministra por crudas que parezcan son absolutamente realistas puesto que ya es muy tarde para la prevención y ha llegado el momento de hacer un diagnóstico profundo y no improvisado de las causas del fenómeno que hoy padece Colombia.
Para los efectos anteriores cito textualmente a Ricardo Lozano, ex director del IDEAM quien en reciente artículo periodístico manifestó: “la degradación de los suelos y la deforestación han hecho que las cuencas, páramos y humedales no regulen más el recurso hídrico. Mientras que multiplicamos por 20 la demanda del agua para nuevos proyectos, reducimos la inversión en su oferta. Precisamente, el gran reto del Ministerio de Ambiente es ese: conservar el equilibrio y esto no se ha hecho. El cambio climático nos sigue pasando su factura. No hemos querido firmar una política o ley de cambio que prevenga estos hechos, como cualquier país civilizado que dependa del agua. ¿Después de 20 intentos será que este nuevo Congreso y el nuevo gabinete si lo harán?”
Las palabras del ex director del IDEAM son claras y contundentes y nos invitan a recordar que según cálculos de otros expertos, entre los años 2011 y 2012 se destruyeron en Colombia 300.000 hectáreas de monte, equivalentes a casi el doble de la extensión del Departamento del Quindío; se calcula que los años 90 y 2010 se destruyeron en Colombia 6.2 millones de bosques, lo que equivale al 5% de la superficie del país, sin perder de vista que parte de esos territorios se usaron para la siembra de narcóticos.
Es obvio que una destrucción como la mencionada solo pudo ocurrir por causas como las deficiencias en la regulación legal y en los controles de las autoridades encargadas de proteger los recursos hídricos de nuestro país; para nadie es un secreto que los colombianos hemos permitido la deforestación de las cuencas de los ríos, de los páramos, de los bosques naturales y de los humedales y que la contaminación de los ríos se ha vuelto tema de cada día.
Por otro lado es forzoso reconocer que en Colombia no se planifica ni se regula a largo plazo como se colige al comprobar que en el gobierno del Presidente Uribe se redujeron casi a cero las tarifas de agua que cobran las corporaciones autónomas regionales, decisión que implicó la reducción sustancial de los recursos económicos de que dispone el Estado para protección de las cuencas de los ríos, medida que ahora se está tratando de reversar en medio de la crisis.
Para agravar el diagnóstico cito a otro experto, el ex Ministro del Medio Ambiente Manuel Rodríguez Rodríguez, quien recientemente afirmó en referencia a los recursos derivados de la ley 89 de 1983 que sí estos “se hubieran invertido con eficacia, cada año y durante 20 años en proyectos de reforestación de las cuencas y la restauración de los humedales y los páramos” no se estaría presentando la situación que hoy vive Colombia. Para concluir lapidariamente: “bien parece que esa platica se perdió como consecuencia del despilfarro y su desviación a otros usos”.
Lo hasta aquí dicho es suficiente para entender que las fotografías que actualmente vemos los colombianos, en gran medida se deben a improvisación, a falta de políticas gubernamentales estables y claras, a desidia y a corrupción administrativa y solo en mínimo porcentaje obedecen a circunstancias de la naturaleza; no podemos ignorar que nuestro país ocupa un lugar privilegiado en la geografía universal, que cuenta con varios ríos y cadenas de montañas, que posee una amplia biodiversidad y que tiene acceso al Amazonas, la mayor reserva hídrica del planeta.
En este contexto es claro que la falta de agua que sufre Yopal, una ciudad ubicada en el piedemonte llanero, no obedece propiamente a causas de la naturaleza sino a la corrupción administrativa; muy probablemente esta misma circunstancia es la que explica que Santa Marta, una ciudad situada a los pies de la Sierra Nevada esté enfrentando el mismo fenómeno.
El pacto social para el agua en el postconflicto (continuará en la próxima edición).
