A raíz de la aprobación del debate sobre el paramilitarismo en Antioquia propuesto en la Comisión II del Senado y la alterada reacción del Expresidente y hoy Senador Alvaro Uribe Vélez, señalado para el 18 de septiembre (tomado del Tiempo del 9 de septiembre), los medios de comunicación y la sociedad toda se encuentra expectante, sobre su procedencia y realización. De una parte, porque el control político solo puede ejercerse sobre “el gobierno y administración” de tercero (Arts.114, 134 num.9 y 138 C.Pol.), sin perjuicio de su función de investigación y juzgamiento (Art.174 C.Pol.). Y de la otra, porque no ha sido bien recibida su realización debido al rechazo inicial al mismo por el expresidente Uribe. Sin embargo, parece ser seguro, que el Centro Democrático, también aprovechará este debate para adoptar su correspondiente posición política.
En tal evento, la mayor expectativa radica, entonces, en su alcance y trascendencia en el gobierno, en el actual proceso de paz y, ante todo, en la paz de Colombia.
Porque para cualquier ciudadano medianamente informado, sin lugar a dudas, este debate, podrá desencadenar y vincular todos los aspectos e intervinientes del conflicto en Colombia. Porque el paramilitarismo en Antioquia, no puede desligarse del paramilitarismo nacional; ni este de las actividades subversivas de las FARC, el ELN y otras organizaciones guerrilleras desaparecidas. Ni ninguna de ellas puede aislarse de las conocidas actividades ilícitas del secuestro, la extorsión, el narcotráfico, las masacres y, en general de la violencia social en Colombia. Más aún, tampoco ninguna de estas actividades puede desligarse de toda esta actividad al margen de la ley, ni de las constitucionales actividades militares o gubernamental que no solamente las han combatido durante más de 50 años, sino que también han defendido el Estado Social de Derecho.
Luego, todos los aspectos que puedan revelarse en este debate son, hoy día, de gran trascendencia para el actual y anterior gobierno y para sentar las bases para el conocimiento franco y sincero de la realidad de la violencia en Colombia y de las actuales tensiones políticas. Porque dentro de las diversas exposiciones, críticas y sugerencias no solo pueden darse a conocer algunas afirmaciones acompañadas de defensas o excusas, tolerantes o intolerantes, pueden ayudar a que dicho escenario político, y al social que lo siga con beneficio de inventario, a que se hagan las presentaciones del caso, se conozca y, si fuere el caso, se establezca políticamente su posible veracidad o no.
Es el escenario perfecto, porque la inviolabilidad parlamentaria en el Congreso, así lo permite, y porque la civilidad institucional, así también la exige. Pues, aquella garantía se ha establecido, no para hacer protagonismo barato, ni para ofender o acusar infundadamente a los contradictores y opositores, sino por el contrario, para expresar con máxima libertad las posiciones y consideraciones que interesen al país. Pero, así mismo, la civilidad contemporánea impone, de un lado, el deber de ejercer un autocontrol de las posiciones políticas; y, del otro, el deber no solo de obrar con respeto y decencia, sino también de llegar, a unas conclusiones positivas del pro de la sociedad. Una conclusión inicial puede ser la de promover en la sociedad la inclusión, y la tolerancia de otros sectores, a fin de ir creando las condiciones reales para una admisión e incorporación social posterior. Ello contribuiría a la convivencia civilizada que requiere la sociedad dentro y más allá del conflicto.
Pero lamentablemente, muchos de sus actores, a quienes correspondían asumir su responsabilidad, han fallecido o desaparecido; otros, no se encuentran presentes en el reciento, pero que la sociedad aguarda que la asuman en su debido momento. Pero, en todo caso, será una gran oportunidad para conocer la probabilidad que tiene el actual proceso de paz de llegar a una justicia transicional de verdad, justicia, reparación y no repetición; y si el alcance de aquella deba dársele el alcance de un proceso para “la paz de Colombia”, es decir, para la “paz de todos”, que el Fiscal Eduardo Montealegre ha señalado con argumentos y valentía.
