Por: Germán Archila
@Germancho101
Diferentes casos de maltrato infantil hemos visto a lo largo de la historia colombiana, solo es ver las cifras de desnutrición en el país, el caso más sonado los niños wayuu que mueren de hambre en la Guajira, hace poco también vimos las imágenes de un vídeo donde niños del colegio Sagrado Corazón de Aguachica Cesar, posan para la cámara mientras les dan un plato de comida, que inmediatamente se lo quitan para darle al siguiente estudiante de la fila.
La realidad a los niños del colegio les daban un refrigerio en la mano, este escándalo detono en que el operador le fuera cancelado el contrato, pero también trajo consigo que la profesora que denunció el hecho tuviera que salir de la población, casos como estos abundan en este país, los recursos para la población más indefensa se pierden en un caos de corrupción e ineficiencia estatal.
Un nombre salto a la palestra pública en los últimos días, Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, exrectora del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Charala de Santander, esta señora fue acusada de permitirle a los Paramilitares utilizar a los niños de su institución educativa, para ser abusados y esclavizados sexualmente.
Al parecer ella en complicidad con su esposo el ex concejal Luis Moreno le prestaban este tipo de servicios a los Paramilitares propiciando el reclutamiento de menores, la rectora permitía que el grupo ilegal realizará bazares y reinados donde el comandante escogía las niñas que se llevaría e incluso prestaban su casa que quedaba al lado del colegio, para encuentros sexuales entre las alumnas y los Paras.
Durante 4 años se han documentado 274 casos de menores reclutados con la complicidad de la directiva del colegio, la excusa de no denunciar y apoyarlos por temor a su vida, parece intrascendente, ya que también están acusados de un asesinato y de enterrar el cuerpo en el jardín de la institución.
Casos aberrantes como este, hacen pensar dónde está el estado, los entes de control, el ministerio y la secretaria de educación, cuatro años donde los niños fueron sometidos a miles de vejámenes sin que ni siquiera pudieran pedir auxilio a los adultos que los rodeaban.
Estamos en un proceso de paz, y si todos estos casos no salen al aire y los culpables son condenados y las victimas puedan tener reparación y reconocimiento público de un estado que les falló desde lo educativo, desde lo judicial y dejo solos ante una guerra que no les pertenecía.
Casos como el de la rectora Lucila que ya está detenida al igual que los paramilitares que están en el proceso de justicia y paz, y que se debe decidir si dijeron la verdad o por el contrario son expulsados del proceso.
Esperemos que en el proceso de paz que se firmará en la Habana el abuso a los más pequeños no quede impune, porque pedir perdón a alguien mayor es difícil pero en un niño que está empezando la vida y que sufre sin saber las causas de unos grupos que han ejercido la fuerza durante años y que los utilizan para sus perversiones más bajas, muy difícil de seguir adelante como sociedad sin una verdadera reparación.
