Por: Luis A. Fajardo.
En 2014 y en 2015, la magistrada María Consuelo Rincón, del Tribunal de Medellín, le pidió a la Fiscalía agrupar y acelerar los procesos sobre la llamada “paraeconomía”, dispersos en distintos despachos. En el año 2013, el magistrado Eduardo Castellanos, del Tribunal de Bogotá, había elevado una petición similar al ente investigador.
El Anterior Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre a finales de 2015 Aprobó una nueva estrategia para investigar a los civiles quienes financiaron a los ‘paras’ y se ampliaron las funciones de la Dirección de Fiscalías de Justicia Transicional. Como consecuencia de ello, definieron la creación de un nuevo grupo de investigadores, cuya función será centralizar los procesos y entregar resultados. A la fecha no conocemos resultados concretos de esta nueva estrategia de la FGN.
Se ha señalado por parte de varios organismos internacionales de derechos humanos la necesidad de resultados concretos de las investigaciones contra las empresas y empresarios quienes, por diferentes razones y circunstancias, apoyaron a grupos armados ilegales, no solo a las autodefensas, igualmente a quienes apoyaron a los grupos de la guerrilla.
La demora en investigar, por parte de la Fiscalía General de la Nación, la llamada “paraeconomía” o la “fareconomia” e incluso la “elenoeconomia” solo puede traer como consecuencia la impunidad. ¿Estos empresarios, de demostrarse su responsabilidad, podrían recibir beneficios judiciales por entrar a un proceso de justicia transicional?
¿Algo similar sucederá respecto de las empresas multinacionales como: DRUMMOND, DOLE, DEL MONTE, CHIQUITA BRAND, BHP BILLITON, ANGLO AMERICAN PLC, XSTRATA, COCA COLA, etc., que igualmente han sido nombradas por los beneficiarios de la Ley Justicia y Paz? Algunas de están empresas, igualmente, han sido demandadas ante la jurisdicción de EE.UU. por la presunta comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
A la sociedad civil colombiana nos corresponde estudiar con responsabilidad la consigna: “Justicia Transicional para todos”, propuesta por varios sectores políticos del país. La impunidad total respecto de los crímenes cometidos por los actores armados ilegales y quienes los financiaron no puede ser justificable y muchos menos éticamente explicable.
