Ciertamente la justicia ha sido efectiva, porque ha contribuido no tanto en el saneamiento, como en la sanción y la corrección de ciertas prácticas políticas. Así lo demuestran no solo las condenas de la Corte Suprema a Excontralores, exprocuradores, y exparlamentarios de la llamada parapolítica.
Pero también lo es que últimamente la política ha utilizado a la justicia como arma de lucha contra sus adversarios, lo cual si bien es aceptable cuando se emplea con la exclusiva finalidad de que se haga justicia en delitos cometidos. No lo es menos que resulta reprochable cuando, a sabiendas o con demasiada ligereza, se hace uso de escándalos mediáticos y de empleo de los medios judiciales con propósitos exclusivamente electorales, bien sea para excluir de la inscripción de la participación y de las elecciones a los competidores, y, más aún, para invalidar sus eventuales triunfos.
Y ello ha sucedido en el pasado reciente con las denuncias penales sobre la intervención del Centro Democrático, mediante un Haker, en las últimas elecciones presidenciales, en las cuales ganó el actual Presidente, y perdió el candidato de aquel partido político, Oscar Ivan Zuluaga. Y ahora, parece repetirse con las denuncias del Centro Democrático contra las exministras Cecilia Alvarez y Gina Parodi, por presunto favorecimiento en el trazado de la ruta del Sol.
Por esta razón no se aguarda que, en este caso, no se trate del uso de un medio judicial de retaliación personal o política, ni mucho menos de una oposición a la política santista; sino que también se espera que en todos los demás casos, en las próximas elecciones se ejercite una sana lucha electoral sincera, veraz y transparente, a través de las ideas, los programas y las acciones que encierran sus propuestas gubernamentales y corporativas.
Porque sería un gran paso hacia civilización política caracterizada: De una parte, con el restablecimiento de una competencia electoral estrictamente política y no judicial, y una competencia limpia, esencialmente programática y transparente. Y de la otra, con el ejercicio de un mayor control social y del reconocimiento de una mayor libertad a los electores, a fin de que, con su voto, pueden rechazar a los corruptos y a quienes han sido ineficientes en el desempeño de la función pública.
