El reto de los servidores públicos en Colombia
Mucho se ha escrito sobre el comportamiento de los servidores públicos en nuestro país, por lo general todos apuntan a la necesidad de ser trasparentes, más que por el ser eficientes, como si los dos conceptos no acompañaran el común denominador de servicio al ciudadano. Sobre la transparencia, todos los regímenes recargan sus mandatos en el llamado de que controlando el comportamiento del servidor público, se garantiza la adecuada gestión en la administración, premisa descontada por la fuerza de la realidad de los hechos; los titulares de prensa de hoy dan cuenta de la manera frentera como algunos servidores se comprometen con comportamientos alejados de cualquier nivel adecuado de comportamiento, que sorprenden, no solo por la manipulación de las decisiones o manejo de recursos, sino por la falta de recato en la manera como gestionan las operaciones, si a eso se le puede llamar gestión. No han sido suficientes los Estatutos Anticorrupción, los Regímenes Disciplinarios, las leyes para la simplificación de trámites, los Sistemas de Control Interno o los seminarios de sensibilización para lograr generar en el ciudadano confianza en la labor que prestan los servidores públicos. Es como si para estar vinculado al Estado se debe acompañar la premisa de que se es hábil o astuto, no para acatar la ley sino para encontrar el camino expedito para aprovecharse de lo público, es como si la sociedad apostara por el que de manera espectacular le hace la gambeta a los propósitos de estado. Lo anterior indica que podemos estar incursos en la conocida teoría de los “cristales rotos” o la de “espejos rotos” consistente en que[1] “Un vidrio roto en un auto abandonado transmite una idea de deterioro, de desinterés, de despreocupación que va rompiendo códigos de convivencia, como de ausencia de ley, de normas, de reglas, como que vale todo. Cada nuevo ataque que sufre el auto reafirma y multiplica esa idea, hasta que la escalada de actos cada vez peores se vuelve incontenible, desembocando en una violencia irracional”. Lo mismo sucede con “teoría de las ventanas rotas”, que desde un “punto de vista criminológico concluye que el delito es mayor en las zonas donde el descuido, la suciedad, el desorden y el maltrato son mayores. Si se rompe un vidrio de una ventana de un edificio y nadie lo repara, pronto estarán rotos todos los demás. “Si una comunidad exhibe signos de deterioro y esto parece no importarle a nadie, entonces allí se generará el delito. Si se cometen ‘pequeñas faltas’ (estacionarse en lugar prohibido, exceder el límite de velocidad o pasarse una luz roja) y las mismas no son sancionadas, entonces comenzarán faltas mayores y luego delitos cada vez más graves. “Si los parques y otros espacios públicos deteriorados son progresivamente abandonados por la mayoría de la gente (que deja de salir de sus casas por temor a las pandillas), esos mismos espacios abandonados por la gente son progresivamente ocupados por los por los delincuentes.” Sancionar ha sido la medida tomada en los países que observaron la presencia de estas teoría y dio resultados, pero en Colombia a pesar de todas las disposiciones jurídicas y las sanciones aplicadas pareciere que no es suficiente, por esto hay que acudir a otros mecanismos, que como el que a continuación se propone, pudieren servir para enderezar el curso del comportamiento del servidor público. La propuesta consiste en la construcción de un referente ético, esto es que de la misma manera como sucede con los testigos de los autos, por ejemplo el testigo de la gasolina o el de los frenos, que cuando se dispara alerta a su conductor para tomar medidas prontas para evitar inconvenientes que pueden ser catastróficos, le permita a la sociedad, más que al mismo servidor público, hacer juicios anticipados de lo que podría ocurrir si el servidor público continua pisando un camino contrario al interés público, que de no tomar acciones prontas se vería enfrentado a consecuencias no solo jurídicas sino al rechazo social. El referente podría ser construido al interior de las mismas organizaciones públicas, y publicitado en los medios electrónicos conocidos hoy, como las páginas Web, para que todos los ciudadanos a la manera de los espejos rotos, lancen de manera inclemente sus opiniones de rechazo a estos comportamientos. Desde luego que se podría pensar que se estaría violando la Constitución Nacional cuando se dan opiniones contra una persona sin haber sido llamada y vencida en Juicio o que se atenta contra su dignidad; pero es que la situación de desprestigio en que algunos funcionarios han llevado al servidor público justifica que la sociedad moldee su opinión y además el derecho a opinar es de la misma manera respaldado por la Constitución Nacional. El referente ético acompaña al interior de cada entidad los compromisos éticos sobre los cuales cada uno de los servidores públicos vinculados a la administración se compromete con su firma a cumplirlos y acepta el rechazo social en caso de su vulneración; este sería el reto a que estarían sometidos los servidores públicos, es la apuesta por un trabajo de respeto a los intereses de Estado y la atención a las necesidades de los ciudadanos. De lograrse dinamizar, se podría crear una ola que estaría por encima de las decisiones de los jueces, que como se sabe también es un espejo roto, al punto que pese más el ser aceptado socialmente que el tener que pagar una condena o devolver al erario público lo apropiado indebidamente. Es un reto en que todos debemos estar comprometidos, pues permanentemente nos cruzamos con servidores que por estar cerca, convivimos con sus comportamientos a la manera de perdón, siendo el espacio de la amistad el que más decisión de rechazo debe acompañar, a la final es una decisión personal, pero sobre la cual de manera recursiva la sociedad también puede rechazar. [1] http://adaip.blogspot.com/2009/01/teoria-de-los-cristales-rotos.html