En esta época en la que se inicia un nuevo congreso para un nuevo período presidencial el próximo 7 de agosto de 2014, y en la que suelen agitarse toda serie de propuestas y proyectos para los próximos cuatro años del Presidente Santos, es preciso estar atento a su verdadera conveniencia o no para la Nación.
Así, por ejemplo, el gobierno de turno ha anunciado la reforma a la justicia para suprimirle a las Cortes las facultades electorales (tomado del tiempo del 29 de junio de 2014) que complemente las nulidades del nombramiento de varios Magistrados de Altas Cortes (tomado de la revista Semana, del 29 de junio de 2014, p. 30); y también está concertando, con los partidos políticos la eliminación de las listas abiertas y el voto preferente (tomado de el tiempo del 30 de junio de 2014). De otra parte, el partido de oposición, el “Centro Democrático” también ha anunciado, entre otras propuestas, el de establecer el “voto obligatorio”. A su turno, el Polo Democrático también ha anunciado su oposición mediante el ejercicio y control político.
En todo caso, unos y otros, se sustentan, de acuerdo con sus orientaciones políticas, en lo más “conveniente para la Nación”.
Sin embargo, parece haber llegado la hora de delimitar los intereses de las colectividades políticas, de los intereses generales de la Nación. Porque si bien es cierto que los partidos políticos ganadores tienen el derecho a desarrollar las políticas y programas que resultan victoriosas, y los partidos políticos perdedores tienen el derecho a apoyar a los ganadores o convertirse en oposición, para ser alternativas en el inmediato futuro; también es verdad, que solo son unos y otros, intereses partidistas, que, por sí solos, no garantizan que sean los mismos los intereses de la sociedad, ni tampoco aseguran que sean los que se satisfagan y, en consecuencia, que sean los más convenientes para la Nación:
Primero, porque los intereses del pueblo colombiano, son los intereses generales de toda la Nación. No son únicamente los intereses de los de los partidos políticos, sino que también la incluyen los de todos los sectores, donde tienen gran relevancia los de los empleadores, empleados y desempleados, y los de los miembros de los sectores económicos, académicos, culturales, fuerzas públicas y sociales, etc. etc. Por lo que dichos partidos tan solo formulan o participan en una o varias políticas públicas, que bien pueden satisfacer solo sus intereses partidistas, burocráticos, contractuales o meramente personales, o que bien pueden ir en favor o en contra de los intereses generales de la sociedad. Y segundo, porque en dicha conveniencia nacional, también quedan incluidas las aspiraciones y sueños de nuestras generaciones, así como los intereses de progreso de las futuras generaciones de los colombianos.
De allí que corresponda no solo a la dirigencia política, sino también, a toda la Nación y a toda la opinión pública colombiana, evaluar, sopesar y sacar como conclusión la conveniencia nacional o nó, de todas o algunas de las propuestas y proyectos que se presente en este cuatreño.
Así, por ejemplo, si bien la reforma a la justicia propuesta puede ser útil para retornar la majestad a la misma, la Nación también deberá pensar si ello se hace a cambio de restablecer a la interferencia política y la tradicional ineficiencia de los organismos de control por parte del ejecutivo y del congreso, y la condena de algunos de sus representantes (como aconteció con los excontralores Martínez Zuleta, Becerra y Turbay; y con el exProcurador Vásquez Velásquez), lo que, sin lugar a dudas, también repudia la sociedad; o si la mentada reforma a la justicia, se propone a cambio de no solucionar el derecho ciudadano a “un efectivo , pronto y digno acceso a la justicia”, que es la verdadera aspiración ciudadana.
Lo mismo puede decirse de la reforma política y de los proyectos de voto obligatorio y de control político anunciados. Pues, si bien tales reformas pueden ser útiles para el fortalecimiento de los partidos políticos y para el mejoramiento del ejercicio de la función pública, también es preciso que la sociedad reflexione si ello satisface el interés actual de la comunidad de tener, al menos, las garantías de responsabilidad integral de los miembros de las corporaciones políticas, de honestidad de los servidores públicos y de atención o de servicio digno a todos los ciudadanos.
Similar distinción debe hacerse en las propuestas que preparen o desarrollen “los acuerdos de paz” que se hagan en la Habana, ya que unos son los intereses políticos de los partidos de la Unidad Nacional y los de los partidos de oposición a una forma de paz, sobre los eventuales alcances, condicionamientos y formas de desarrollo de aquellos, en tanto que otros pueden ser los intereses de la Nación que, en forma incluyente, quiera empezar a construir, cuanto antes, una convivencia pacífica en Colombia.
De allí que solo teniendo en cuenta la distinción entre “los intereses generales” y los “intereses partidistas”, la sociedad entera podrá prepararse para evaluar si la conveniencia que suele aducirse es la verdadera conveniencia de la Nación o nó.
