Siempre que se inicia un nuevo gobierno, y éste no es la excepción, surge la inquietud de saber cuál es el tipo y el alcance de su gobernabilidad, esto es, si es meramente político, técnico o si también va acompañado o nó de lo social, y cuál es su correspondiente fortaleza o debilidad política para la administración y, en este caso, para la paz.
Ahora, desde un punto de vista político ello comienza a develarse con la integración del nuevo gabinete, el cual no solo trae las satisfacciones, especialmente de quienes sin representatividad política, técnica o regional hacen parte del mismo círculo, sino que también genera insatisfacciones, de quienes teniendo mayores méritos, no fueron tenidos en cuenta. Pero tal malestar se hace más patente en “las reelecciones presidenciales”, la anterior y la actual, donde sobresalen no solo las manipulaciones gobernistas, con las consiguientes tensiones de la oposición, ahora de derecha y de izquierda, y los de los inconformes de la unidad nacional. Tensiones que, según los analistas de la política y de las reformas al Departamento Administrativo de la Presidencia, se han agudizado no solo con el favorecimiento de un movimiento político que, como cambio radical, no alcanzo dicho mérito en los resultados electorales, ni en el liderazgo por la paz; sino porque se trata de ajustes que, además de centralista y excluyente del resto del país, auspicia discretamente la compaña presidencial del 2018. Sin embargo, parte de estas tensiones también suelen superarse políticamente, pero seguramente con cierta desconfianza en los actores.
Sin embargo, queda aún el interrogante sobre la existencia o no de la “gobernabilidad social”, esto es, de la tenencia de aquellas condiciones para conducir a la sociedad en la prevención, corrección y superación de sus grandes problemas, especialmente los económicos y los sociales de los trabajadores, los estudiantes, los desempleados y las garantías en general. Ello se debe a que tales condiciones se subsanan con la amistad o cercanía que la mayoría de ellos tienen con el Presidente de la Republica, que, por su fuero constitucional, pudieron ser determinantes; sino a la incertidumbre de su correspondiente representatividad y ascendencia social, técnica o económica de los distintos sectores y regiones, lo cual fue una promesa electoral en la reelección.
Ahora, si bien es cierto que tradicionalmente la opinión le ha concedido un compás de espera de 100 días a las nuevas designaciones, también lo es que en esta época en la que se desarrolla el proceso de paz y, más aún, en la del postconflicto, parece requerirse fundamentalmente que todo el gobierno acentúe no solo la credibilidad entre las partes, sino también la de la sociedad. Pues no hay fuero constitucional que, por sí solo, garantice la credibilidad pública, ya que esta descansa en la confianza pública ganada o que se gane.
De allí que toda incoherencia política y, con mayor razón, todo engaño a los sectores y, en especial, a los electores, en cuanto a sus políticas públicas y transparencia, pueda tener trascendencia negativa. Puesto que no solo deterioraría la legitimidad, sino que también corrompería la confianza y la credibilidad pública. No solo la Nacional, sino también de las regiones y su sector privado en sus autoridades, la que, a su vez, también corroería la democracia, la dignidad y la unidad confiable que requiera la Nación. Y ello, a su turno, podría debilitar la opinión social positiva en el proceso de paz, y, desde luego, en su eventual aprobación y, más aún, su necesaria implementación.
Por lo tanto, parece que se inicia un nuevo gobierno con cierta desconfianza política y social sobre la finalidad real de la gobernabilidad que fuera anunciada, esto es, la paz, que, ojalá, sea disipada para bien del país.
