A raíz de la reciente propuesta sobre la implantación del voto obligatorio en Colombia, resulta oportuno reflexionar si se trata o nó de una solución para la democracia de nuestro país.
Es bien conocido que el sufragio universal, como el derecho que se le reconoce al pueblo soberano, para elegir a los representantes de los intereses generales, ha sido una institución fundamental para todas las democracias del mundo hasta el punto de constituirse la regla general en el universo, y que, en nuestro medio, se trata de uno de los aspectos centrales de nuestra carta política, cuya modificación parece que debe ser refrendada por el pueblo colombiano (arts. 2º., 40 y 377 C.Pol.).
Pero, dejando de lado este aspecto, lo cierto es que tradicionalmente ha sido considerado el “voto” como un derecho, y, entre nosotros, como una función (art. 258) para señalar que puede ejercerse o no, pero que, debido a su importancia, debe ejercerse, sin que, en caso de incumplimiento, traiga consecuencias negativas. Y ello ha obedecido a que mediante el ejercicio libre del derecho al sufragio, los electores, teniendo como guía mínima la intuición o su conciencia y, hoy día, apoyado en un mayor conocimiento de los antecedentes de los elegibles, en su dignidad, conducta irreprensible sin degradación moral o ética, que, por su conocimiento o prestigio, o por su comprobada conducta de beneficio social, conocimiento y alto sentimiento patriótico, le inspiran la confianza y la seguridad para velar por los intereses de la sociedad, haciendo prevalecer los generales sobre los particulares, y, con mayor razón, sobre los intereses personales. Si ello es así, su aplicación no tendría ningún reproche.
De allí que si últimamente ha habido una escasa votación, en donde la abstención ha oscilado entre el 60% y 70% del censo electoral, ciertamente ello demuestra que hay una falta de efectividad del sistema electoral, esto es, que no está asegurando que participe la gran mayoría. Luego, no puede hablarse de una crisis del sistema electoral del voto libre, sino una crisis de la participación mediante este sistema.
Siendo así las cosas, habrá que preguntarse si la crisis de participación obedece a que hay libertad para hacerlo o no? Y la respuesta a este interrogante, parece ser negativa. Porque lo que se infiere ser causa de la abstención, es una falta de creencia en la clase y la actividad política, la cual, a juicio de gran parte de la opinión, obedece a que se desconoce, porque no se informa debidamente, en que se beneficia la sociedad de las labores políticas; o, en su caso, ello tiene su razón en que se ha consolidado la opinión de que la actividad política incumple lo que promete, genera roscas familiares, no defiende los intereses sociales de la vida diaria, no atiende ni presta servicios a los electores, se distancian de los problemas de la comunidad y de sus intereses, y, en la mayoría de los casos, por conveniencia política, son indiferentes, tolerantes, ocultan o participan con los actos de ineficiencia o de corrupciones públicas y privadas.
De allí que si eso es así, la reforma para establecer el voto obligatorio, en vez de ser la solución para iluminar, o reducir la poca participación política, porque no elimina las causas que la producen, se torna más bien en una coacción jurídica y moral para quienes eventualmente participan o no. Ya que a quienes lo hagan, se les restringe su libertad a no hacerlo, y, en el evento de hacerlo, a los votantes se les obliga a participar en una elección en donde, a su juicio, eventualmente ninguno de los candidatos podría ser digno de elección, ni tampoco el voto en blanco sería la solución.
Y lo más grave, es que quienes no participen en las elecciones, no solo podrían verse sancionados que si bien suelen ser multas, generalmente tiende a ampliarse con pérdidas de derechos a desempeñar cargos públicos, a acceder a servicios públicos domiciliarios o no, todo lo cual contraria la finalidad del Estado contemporáneo.
De allí que lo más aconsejable es adoptar una estrategia integral de recuperación de la credibilidad política, a fin de recuperar la credibilidad participativa electoral.
