Por: Horacio Serpa
Con buen juicio el gobierno nacional propuso al Congreso Nacional la eliminación de la reelección presidencial de nuestro Estatuto Constitucional. También solicitó eliminar la reelección de los altos funcionarios de la administración pública. Estos temas se tramitan dentro del Acto Legislativo denominado de “Equilibrio de Poderes”, bastante controvertido. Cualquiera que sea la suerte de los diferentes asuntos que se tramitan conjuntamente, lo más seguro es que la no reelección presidencial sea aprobada con el apoyo de los distintos partidos, excepción hecha de Centro Democrático, por razones entendibles.
Al mismo tiempo, el gobierno nacional propuso que todas las elecciones se realicen el mismo año, Presidente, Congreso, Gobernadores, Alcaldes, Diputados y Concejales. Ello se ha denominado “Unificación de Períodos” y entraña, según la iniciativa gubernamental, que los actuales Gobernadores y Alcaldes puedan reelegirse, extendiéndose su actual período por tres años. Actualmente no hay reelección inmediata para estos funcionarios.
Me opuse a la reelección del Presidente Uribe con responsables argumentos constitucionales y políticos. El transcurrir del tiempo me dio la razón. Uno de mis planteamientos fue el de que el constituyente derivado, vale decir el Congreso, no podía cambiar abruptamente las definiciones asumidas por el pueblo, como la de reelegir a un Presidente de la República elegido por cuatro años, sin derecho a reelección.
Lo mismo ocurre hoy. Los actuales Gobernadores y Alcaldes fueron elegidos popularmente para un período de cuatro años, sin reelección. No puede el Congreso Nacional, por sí y ante sí, modificar el sentido del pronunciamiento ciudadano para autorizar su reelección.
Además, resulta francamente contradictorio prohibir la reelección para unos servidores públicos y autorizarla para otros. No es coherente, no tiene “ni pies ni cabeza”.
La propuesta de reelección de gobernantes regionales y locales desquicia la transparencia electoral. Está sentado en la doctrina, en la jurisprudencia y en la práctica política, que lo electoral demanda equidad, seriedad, responsabilidad y reglas permanentes, que no pueden cambiarse de un momento a otro. El Acto Legislativo sobre reelección sería aprobado en el próximo mes de Junio, cuando las elecciones se harán cuatro meses después. En todos estos meses regirá la incertidumbre para los que aspiren a esas dignidades sin ser funcionarios, y en general para los electores.
Si se aprueba la reelección de gobernantes regionales, ¿cuál va a ser el Estatuto de Garantías Electorales? ¿No será necesario? Claro que sí, pero ¿cuándo y cómo se va a aprobar?
La propuesta es irregular, extemporánea, inconveniente, incoherente e inconstitucional. El gobierno por diferentes razones insiste en su trámite y ya recibió en la Cámara de Representantes dos aprobaciones, de las ocho necesarias. Los Gobernadores y los Alcaldes en un gesto que los enaltecería debieran asumir la decisión de pedir que se archive el proyecto.