Terremotos políticos y algo más…
Edmundo López Gómez Las réplicas han sido más fuertes que el propio terremoto que causó la opinión expresada por los presidentes de las altas Cortes y por el Fiscal General, sobre la conveniencia de convocar una Constituyente para reformar la justicia. En efecto, en el Capitolio, en la Casa de Nariño, e incluso, en el interior de los edificios donde despachan los jueces supremos, sigue temblando….. El pánico, es evidente. Las supuestas víctimas del sacudimiento se niegan a que el pueblo participe, en su condición de constituyente primario, en la aprobación de una reforma a la justicia , como lo han propuesto las dignatarios de las Cortes, con el respaldo de la Fiscalía General de la Nación, de cuya matriz habrían nacido, según se ha podido apreciar , las consignas de fuego contra la reforma constitucional que tramita el Congreso de la República . De donde resulta acertado el vaticinio de algunos sismólogos políticos criollos, quienes han señalado que el despacho del doctor Montealegre – que se comporta como un volcán en permanente erupción- , ha resultado ser el epicentro del terremoto que hoy sacude los cimientos institucionales de muestra república . Sin embargo, más allá de las anteriores licencias metafóricas , propias de nuestro Macondo impredecible , y ante la realidad viviente de un Congreso que ha sido incapaz erradicar fuentes de corrupción política, como el voto preferente, o la circunscripción nacional, que han puesto en jaque nuestra democracia electiva, y ante el curso que ha tomado , además, el proceso de paz La Habana, desprestigiado por hechos de barbarie que el actual modelo de negociación permite , habrá que decir que finalmente la idea de la Constituyente puede abrirse paso . Con todo, habría que tomar precauciones para que la Asamblea que se convoque con determinados fines : reformar la justicia, reformar el Congreso, reformar el sistema electoral, por ejemplo, no pueda desbordar las precisas atribuciones que, para dichos efectos, se le lleguen a otorgar. Desde las trincheras de la experiencia, aconsejamos que para evitar el desvío funcional de la Asamblea , el Congreso Nacional, en la misma ley que haga la convocatoria, deberá dejar establecido que todos los actos que apruebe dicho órgano delegado serán sometidos a control de los órganos jurisdiccionales , pues habrá que recordar que los asambleístas de 1991 , por sí y ante sí, se declararon omnipotentes, y bajo esa presunción antidemocrática, cometieron el atentado de aprobar el artículo que sustrajo de ese control los actos que emanaran de dicho cuerpo: como el de la revocatoria del Congreso de la República que había sido elegido por más de siete millones de votos. Así se hubieran dejado constancias enérgicas, como la del ex constituyente Esguerra Portocarrero, contra dicho artículo de contenido dictatorial. Posdata. Causa del terremoto político que vivimos, desde nuestro periscopio político: la aspiración del fiscal Montealegre a ser el candidato presidencial del posconflicto.
El País apoya el proceso de paz
Por: Horacio Serpa La última encuesta, de RCN y Semana, trae cifras reveladoras sobre el proceso de paz. Un altísimo porcentaje de los encuestados está de acuerdo en que a los guerrilleros de las farc se les condene por sus delitos y se les encarcele. Esa mayoría pide que los subversivos no puedan participar en política ni ser elegidos para responsabilidades públicas como el Congreso Nacional, Alcaldías o gobernaciones. Puede parecer una contradicción que ese mismo alto porcentaje de encuestados esté de acuerdo en que el gobierno continúe el proceso de paz con la guerrilla, con la condición de que se ponga fecha para su conclusión. Así es, ni más ni menos: la gente está de acuerdo con el proceso de paz que adelanta el gobierno con las farc, pero no quiere que los acuerdos permitan la impunidad para los subversivos ni que al integrase en la vida democrática puedan hacer política, ser candidatos y logren ir a las Corporaciones Públicas o a cargos de gobierno. También quieren que el proceso termine pronto y que los guerrilleros se desmovilicen. Concluyo entonces, contra de lo que pregonan los intérpretes de mal agüero que aprovechan cualquier cosa para despotricar sobre todo lo relacionado con la convivencia, que la gente sí quiere un acuerdo de paz para que se acabe la guerrilla y no haya más farc. En ese sentido apoyan al gobierno. Pero, a mi juicio, no tienen una visión realista de lo que se negocia en Cuba. Las farc se fundaron en 1964, con argumentos políticos, sociales y económicos para confrontar al Estado y derrocarlo. De entonces a hoy han ocurrido toda clase de conflictos, violencias y sangrientos enfrentamientos. Lo característico de este conflicto armado han sido la destrucción y la muerte. Las Fuerzas Armadas han luchado con sacrifico y denuedo pero no han logrado destruirlas ni rendirlas. Por eso se busca que renuncien a la subversión y entren a la vida democrática acatando la Constitución y respetando leyes y autoridades. Los integrantes de las farc nunca aceptarán entregar las armas para que los manden a una cárcel, pero es imposible que sus delitos queden impunes. Para eso se busca la aplicación de la llamada Justicia Transicional, de reconocimiento universal, pues no se trata de delincuentes comunes. Es difícil aceptarlo, pero es la única forma de alcanzar la paz. También hay que aceptar que puedan luchar políticamente por sus ideas, sin armas, y si cuentan con el apoyo popular accedan a cargos de responsabilidad pública. Si se pretende juzgar a las farc con la justicia ordinaria, no habrá acuerdos. La guerrilla volverá a sus andanzas, como pasó después de Casa Verde, de Traxcala, del Caguán. Tendremos diez o veinte años más de guerra, de ataques, de secuestros, de muertos, de mutilados, de pobreza. Esa es la verdad y la digo descarnadamente corriendo el riesgo de ser mal interpretado. ¡Aprovechamos Cuba o seguimos en la guerra!
El debate de la Eutanasia
Por: Marta Saenz C. Por considerar este tema de interés para todos, comparto lo aprendido como estudiante de la Maestría en derecho médico que curso actualmente. En 1997, Colombia se convirtió en el primer país del mundo en despenalizar la eutanasia gracias a la sentencia C-239 de la corte constitucional de la cual fue ponente el Magistrado Carlos Gaviria (q.e.p.d). Antes de la sentencia, los médicos que asistieran homicidios por piedad, se les podían imponer penas de seis meses a tres años de prisión, sin importar que sus pacientes por voluntad propia decidieran terminar con su vida de una manera digna. En reciente fallo de la Corte Constitucional T-970 del 4 de marzo del año en curso, resultado de la revisión de la tutela T-970 de diciembre 15 de 2014, se ordena al Ministerio de salud que emita una directriz y disponga todo lo necesario para que los hospitales, Clínicas, y prestadores de servicios de Salud conformen el comité interdisciplinario del que trata la sentencia y cumplan con las obligaciones emitidas en esta decisión. De igual manera, el fallo le indica al Ministerio que se deberá sugerir a los médicos un protocolo que será discutido por expertos de distintas disciplinas y que servirá de referente para los procedimientos tendientes a garantizar el derecho a morir dignamente. La revisión del fallo, se realizó por una acción de Tutela interpuesta contra Coomeva EPS que diligenció un ciudadano en procura de la protección de sus derechos fundamentales a la vida y a morir dignamente (art.11 C.P.) los cuales estimó vulnerados. La peticionaria sostuvo que padecía una enfermedad terminal que comprometía gravemente sus funciones vitales, y que aun cuando médico oncólogo dejó constancia que el cáncer que padecía había deteriorado su salud y calidad de vida y ordenó suministrarle el mejor cuidado de soporte por cuidados paliativos, éste no accedió a su petición de morir dignamente a través de la eutanasia por considerarlo homicidio. El Ministro de Salud acatando la sentencia que ordena la reglamentación de la eutanasia, diseña la ruta para que se garantice la muerte digna a los colombianos en todos los hospitales y clínicas del país. La persona que desee morir dignamente deberá ser un enfermo terminal, esto lo decide el médico tratante, y ser mayor de edad. El paciente debe expresar su voluntad de practicarse este procedimiento a su médico tratante, quien debe presentar al enfermo todas las alternativas terapéuticas a las que puede someterse para tratar su enfermedad. Luego de escuchar dichas opciones, el paciente debe reiterar su voluntad de practicarse el procedimiento para que el medico entregue la información al comité quien decidirá si se cumplen la condiciones para que se continúe con el proceso. Si el comité aprueba continuar con el procedimiento, nuevamente se le pregunta al paciente si está seguro, si su respuesta es positiva, el hospital tiene un plazo de quince días para efectuar el protocolo medico determinado por el médico. Es importante aclarar que en cualquier momento el paciente puede desistir que le practiquen la eutanasia. Al respecto, considero que la decisión de la aplicación del procedimiento de la eutanasia es personal y respetable y que los colombianos contemos con un protocolo para que los pacientes afectados por enfermedades terminales puedan tener una muerte digna es un gran avance. Ante los temores de muchos, es importante aclarar que la familia solo puede intervenir cuando quien va a morir haya manifestado su decisión con anterioridad. Si esa persona no lo manifestó, no es posible aplicarle la eutanasia. Para quienes estamos de acuerdo con la aplicación de este procedimiento, podemos acudir a la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente para una mayor ilustración.
La Corte Constitucional y su compromiso con el país: LA UNIVERSIDAD LIBRE Y LA DEFENSA DE LOS VALORES (CONTINUACIÓN DE LA DECLARACION II)
Nicolás Enrique Zuleta Hincapié Rector Nacional LA UNIVERSIDAD LIBRE EXPRESA A LA OPINION PÚBLICA:…. (Continuación) Quien ha cometido errores o posibles delitos debe asumir su responsabilidad de manera individual, más aún si se trata de magistrados o altos dignatarios, eso sí presumiendo su inocencia, dotándolos de las garantías propias del debido proceso y dentro de éste especialmente del derecho de defensa. Las investigaciones deben realizarse con equidad, sin apasionamientos, abandonando miramientos políticos o presiones mediáticas; hay que actuar con contundencia en la búsqueda de la verdad, persiguiendo y castigando severamente el delito y la corrupción. La legítima indignación de los ciudadanos debe estar sopesada en la balanza de la justicia con los grandes aportes que para los derechos humanos y la juridicidad del país ha gestado la Corte Constitucional. Numerosas e innovadoras sentencias que afianzan el moderno derecho constitucional, donde la libertad, la igualdad y la dignidad humanas dejan de ser un mero enunciado retórico; controles de constitucionalidad que refuerzan el apego a la supremacía e integridad de la Constitución; todo lo anterior debe serenar los ánimos guiando la voluntad hacia la salvaguardia de la Corte Constitucional, aunada al agradecimiento y gratitud con los gestores de esta egregia obra, que bien vale exaltar en momentos de desasosiego. La salida a la crisis del sistema judicial colombiano no es ajena a la sociedad en su conjunto, mucho menos a la academia. Es un momento oportuno para acudir a los valores y principios constitucionales, desarrollados por la propia Corte Constitucional, pues la constitucionalización de derecho nacional no sería la misma sin los enormes aportes de la Corte en favor de la precaria democracia colombiana y la realización de los derechos humanos en nuestro país. Sus providencias le han merecido un justo reconocimiento, no solo interno, sino a nivel internacional, al lado de tribunales como el Tribunal Supremo de la India y el Tribunal Constitucional Sudafricano, expresiones destacables del constitucionalismo contemporáneo. No de otra manera se explica que la jurisprudencia de la Corte sea citada permanentemente por académicos e instituciones jurídicas de todo el mundo. Que la crisis sea para fortalecer nuestro muy querido tribunal constitucional, porque no conviene al país desconocer la trascendencia jurídico-social de sus sentencias que a lo largo de su existencia han enriquecido nuestra jurisprudencia y han sido ejemplo universal. Ciertamente, con sus sabios y adustos fallos, se ha protegido el Estado Social de Derecho, la dignidad humana, la autonomía personal, el bloque de constitucionalidad, trabajadoras sexuales, el estado de cosas inconstitucional (desplazados), dosis personal, eutanasia, matrimonio igualitario, derechos de las minorías, los pueblos indígenas, igualdad de género, y qué no decir en materia de salud, o educación, aborto, derechos de los animales. Pero, por sobre todo, nos mueve resaltar, que el derecho cumple una sagrada misión por acendrar los valores sociales, porque la juridicidad se erige en su protectora, y por eso nos parece un desafío inadmisible que en procura de defender oscuros intereses y censurables conductas individuales, se quiera separar el derecho de la ética. Para Universidad Libre, plantear el derecho sin la ética, es el peor atentado que puede concebirse a su institucionalidad, porque la ética de una sociedad, se refleja precisamente en sus valores y principios constitucionales, que tiene que salvaguardar forzosamente su sistema jurídico.