Por: CHARLES DAVID CHÁVEZ BRUGÉS
Colombia es un Estado Social de derecho, y como tal, garante de la administración de Justicia como función pública.
El artículo 229 de la Constitución Política Nacional, advierte que “se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”.
En consecuencia, los jueces de la república, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.
Por lo tanto, ese derecho fundamental supone por una parte, la obligación del estado de crear las condiciones jurídicas y materiales para su cumplimiento, y por la otra, velar por la no obstaculización removiendo todos los factores que sean posibles que impidan el goce, ejercicio y materialización del acceso a la justicia.
En Colombia, ese acceso a la justicia encuentra barreras infranqueable por parte de las personas más necesitadas, las que verdaderamente requieren de ese servicio público, el ciudadano pobre, el ciudadano de a pie, por cuanto no cuenta con los recursos económicos para acceder a ella, tampoco, con la condición social ni cultural de otros poderosos, tanto económicamente como socialmente, incluida las grandes empresas, los monopolios y la Banca, que la manipulan y están a su servicios, objetivándose una desigualdad entre unos y otros.
Aunado a lo anterior, nos encontramos con la barrera, que para nosotros, es la más importante, la que más afecta el acceso a la justicia, la CORRUPCIÓN incrustada en la mente, tanto de los operadores de la justicia, como del servidor, el usuario, los abogados, en general del Estado Colombiano, degeneración profunda por la crisis ética que con tanta severidad destruye las bases del país, y que naturalmente crea situaciones fácticas de descomposición, de discriminación, de criminalidad, de exclusión de ciertos sectores de la población, de los pobres y más pobres, lo que origina deficiencia en la administración de justicia, en la calidad de la prestación del servicio, congestión e iniquidad, desidia e incompetencia, de los que tienen la misión de administrarla; también, por la desconfianza de los hombres que actúan, dirigen, administran la vida pública de la nación, lo que se ha convertido en un hábito de rapiña por quienes manipulan los bienes del pueblo colombiano.
CONTINUARÁ: II.- ABANDONO ETICO E INSTITUCIONAL
