Por: Marta Sáenz Correa
En 1954 se reforma nuestra Constitución para permitir el voto femenino, lo cual se concreta en 1957 durante la dictadura del General Rojas Pinilla. En 1991, con la aprobación de la nueva Constitución, se reitera la igualdad de derechos para las mujeres. Nueve años después, el Congreso de la República aprueba la Ley 581 del 2000, llamada Ley de Cuotas, que exige un mínimo de participación de la mujer en los cargos públicos. En el 2011, con la Ley 1475 se establece que toda elección local en la que se disputen cinco o más curules, debe estar compuesta por un mínimo del 30% de alguno de los géneros, es decir, se amplía la cuota de género.
Recientemente con la aprobación del Acto Legislativo de equilibrio de poderes, en la que se plantean los conceptos de paridad, alternancia y universalidad, se trata de reconocer por primera vez que las mujeres somos una voz trascendental para la democracia.
Hoy el 51% de población en el país es de género femenino, sin embargo, apenas ocupamos el 20% de las curules del congreso con 23 Senadoras y 33 Representantes, y se encuentran ejerciendo 108 Alcaldesas de 1.123 que fueron elegidos, equivalentes al 9,62%, de las cuales solo cuatro llegaron a ser elegidas de ciudades capitales (Barranquilla, Florencia, Quibdó y Armenia) y solo tres Gobernadoras de 32 elegidos, equivalentes al 9,38% (Huila, Quindío y San Andrés).
En la Corte Suprema ejercen 5 mujeres de 21 integrantes y en el Consejo de Estado, 8 de 27. En la corte constitucional 2 de 9, y a eso se le suma que esta entidad solo ha tenido tres mujeres magistradas en su historia, es decir, menos de 10% desde 1991.
Para las elecciones de octubre, están inscritas 649 mujeres para las alcaldías, 1.261 para la Asamblea, 33.242 para los Concejos Municipales, 25 para Gobernaciones y 6.328 para Juntas Administradoras Locales, para un total de 41.505 de 113.426 candidatos, equivalentes al 36% de los inscritos. Una invitación especial a los ciudadanos a dar un voto de confianza a estas valerosas aspirantes que se han atrevido a postular su nombre, contribuyendo al fortalecimiento de nuestra democracia.
En conclusión, aun cuando se ha presentado un avance normativo, en lo corrido del siglo la participación de la mujer en los cuerpos colegiados y en los cargos de elección popular sigue siendo muy baja; obstáculos como el machismo, la violencia, la discriminación no ha sido superados, persiste la inequidad de género, especialmente en la rama judicial, y la poca incidencia de la mujer en las decisiones significativas de la sociedad.
