Luis Alfonso Fajardo Sánchez
Hace 30 años, el miércoles 6 de noviembre de 1985 a las 11:40 de la mañana un comando del M19 llevó a cabo la llamada “operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre” tomándose de manera violenta el Palacio de Justicia. Los hechos que llevan treinta años en investigación, duraron 28 horas, finalizando el 7 de noviembre. El saldo más de 100 personas muertas entre civiles, militares y guerrilleros, más de 11 personas desaparecidas y un drama nacional que aún no termina.
El paradójico nombre de la Operación llevada a cabo por el grupo rebelde M-19, “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre” es por lo menos un contrasentido, atacar justamente a la Corte Suprema de Justicia que era, en ese momento, el más alto tribunal de la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos colombianos, no parece tener sentido.
Treinta años de “arduas investigaciones”, de mentiras, de verdades a medias, de informes minuciosos, de sentencias nacionales e internacionales, de comisiones de la verdad…que aún no han llegado a descubrir la verdad.
Pero muchas de las verdades que aún estamos buscando aquí en Colombia, ya las descubrió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su fallo del 14 de noviembre del 2014, donde la Corte la declaro que el Estado era responsable por:
- Las desapariciones forzadas de siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia (Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León), de dos visitantes del Palacio de Justicia (Lucy 2 Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao) y de una guerrillera del M-19 (Irma Franco Pineda);
- La desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial del Magistrado Auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas;
- Las detenciones arbitrarias e ilegales y torturas o tratos crueles y degradantes sufridos, respectivamente, por Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis, quienes fueron considerados sospechosos de colaborar con el M-19 en el marco de estos hechos;
- La falta de esclarecimiento judicial de los hechos y la violación del derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas, y
- El incumplimiento de su deber de prevención frente al riesgo en que se encontraban los ocupantes del Palacio de Justicia y que era conocido por el Estado.
El día 6 de Noviembre de 2015, el señor Presidente de las Republica, Juan Manuel Santos Calderón, en un digno y conmovedor acto, hizo lo que en su momento, en calidad de Ministro de Defensa, se negó sistemáticamente a hacer, reconocer públicamente la responsabilidad del Estado colombiano en los hechos y pedir perdón a las víctimas.
Pero las reparaciones a las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia, ordenadas por la Corte IDH, van más allá del reconocimiento público de responsabilidad y pedir perdón a las víctimas, por parte del señor Presidente de la república, estas medidas incluyen que el Estado Colombiano continúe con las investigaciones, que se juzgue y condene a los responsables de los hechos de tortura y desaparición forzada de personas, tanto los actores materiales como a las personas que determinaron estos crímenes; que se encuentre a las demás personas desaparecidas; que se garantice tratamiento médico y psicológico a los sobrevivientes víctimas y sus familias; etc.,
Esperamos que en este caso, como en las otras 14 condenas que ha emitido la Corte IDH contra el Estado colombiano, la reparación a las víctimas y sus familiares, no se quede solo en el acto público de reconocimiento de responsabilidad y en la solicitud de perdón a las víctimas, como ha sucedido con las sentencias de la Corte IDH en los casos de: la MASACRE DE MAPIRIPAN, LA MASACRE DE PUEBLO BELLO, LA MASACRE DE LAS PALMERAS, LA MASACRE DE LOS 19 COMERCIANTES, LA MASACRE DE LA ROCHELA, LA MASACRE DE ITUANGO, LOS ASESINATOS DE JESUS MARIA VALLE JARAMILLO, DE WILSON GUTIERREZ SOLER, DE GERMAN ESCUE ZAPATA, DE CABALLERO DELGADO Y SANTANA, DEL SENADOR MANUEL CEPEDA, LOS BOMBARDEOS CONTRA SANTO DOMINGO, LA OPERACIÓN GENESIS, etc., cuyas víctimas y familiares esperan que el Estado colombiano cumpla integralmente con estos fallos, incluso después de más de veinte años…..
