A raíz de la decisión del gobierno Colombiano de su no comparecencia al proceso que Nicaragua adelanta contra Colombia, en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, ha surgido la alarma política sobre el posible descontrol de este organismo.
Porque, desde el ángulo jurídico, existe total certidumbre que dicha actitud gubernamental, no pone fin al proceso, ni a su vinculación, ni a su defensa jurídica, ni tampoco a los efectos jurídicos de sus decisiones.
Sin embargo, desde el ángulo político, dicha declaración colombiana, no solo ha generado unidad nacional en el apoyo político y social, sino que también ha causado alarma internacional por el alcance político que le ha dado Colombia al contenido de la declaración de competencia de dicha Corte Internacional.
Porque, a juicio de Colombia, al negar la Corte la eficacia inmediata a su renuncia del Pacto de Bogotá y al no darle efectos a la cosa juzgada del anterior rechazo a la reclamación sobre la plataforma continental, ni tiene en cuenta que Colombia no ha suscrito la convención del mar; no solo se está forzando a comparecer a un país ilegítimamente, sino que en el fondo, se esta arriesgando el presente y futuro de la estabilidad de la justicia internacional. Porque, como lo sugiere la decisión política mencionada, que así interpretamos, la Corte Internacional de Justicia, abusando de su relativa autonomía institucional, se ha colocado con estas decisiones, que parece ser su tendencia, en órgano supremo de justicia internacional, aún por encima de la propia organización de las Naciones Unidas (ONU), razón por la cual no solo resulta desacertado de hablar de “desacato” de Colombia, como se afirma en ciertos medios de comunicación social, sino más bien de descontrol de dicho órgano jurisdiccional, porque actúa por encima de sus mandantes, que son los propios Estados.
Y ello se manifiesta cuando dicha Corte Internacional de Justicia asume, perse, es decir, por su propia existencia, la competencia absoluta y sin control alguno para definir no solo la existencia y vigencia de su propio orden jurídico internacional, desatendiendo sus fuentes, su contenido y su misma jurisprudencia; sino también dejando de lado el principio jurídico de la competencia reglada al cual se sujeta y que le impide ir más allá de las atribuciones de la ONU y de lo dispuesto por los tratados internacionales y por su propio reglamento ajustado a aquellos. Y dicha usurpación, también se confirma cuando, al margen del principio de la autodeterminación de los pueblos, en virtud del cual pueden convenirse reglada y limitadamente su propio juez y regulación, a través de los tratados vigentes, usurpa el poder coercitivo para hacer comparecer a un estado por fuera de los mismos.
Por esta razón, la declaración del gobierno colombiano representa una alarma política no solo por la falta de confianza que estas decisiones han generado en el gobierno y en otros gobiernos, sino también por el deterioro consecuencial de su credibilidad e incertidumbre institucional en las regiones de Centro América, de Asia y de otros sectores, pues en ellas se percibe un agravamiento de la problemática internacional y una sensación de desestabilización del orden jurídico mundial.
Por esta razón, se hace necesaria la acción prudente y, ante todo, oportuna de la diplomacia continental y mundial, que le permita acudir a los recursos e instrumentos políticos internacional indispensables a la previsión, corrección y revisión de aquellos comportamientos y decisiones judiciales internacionales que amenacen o generen la inestabilidad política y jurídica del caso.
