3 OROS VAMOS AVANZANDO
Por: Germán Archila @Germancho101 En 1996 Atlanta, la delegación Colombiana que componían 48 deportistas, regresaban a Colombia de los Juegos Olímpicos sin alcanzar ninguna presea, en ese momento las alarmas se prendieron, si bien es cierto que nunca hemos sido potencia deportiva, por lo menos una o dos medallas nos traían los juegos. Terminando Río 2016 la delegación cafetera obtuvo 8 preseas en Ciclismo, Pesas, Atletismo, Judo y Boxeo, entre ellas 3 de oro, pero el avance es gigante si se tiene en cuenta que también gano más de 20 diplomas olímpicos, lo que significa tener deportistas ubicados entre los 8 mejores del mundo en su disciplina. Las críticas en casi todos los países de Latinoamérica es del poco apoyo al deporte que recibe por parte del estado, en estos momentos Colombia es ejemplo en la región por sus programas y avances deportivos en los últimos 20 años, uno de los cambios importantes para lograr estos resultado fue la decisión de otorgar el 4% del impuesto a la telefonía en inversión al deporte y a nuestros atletas. La inversión se ha visto en varios ámbitos del deporte, ciencia y tecnología, donde se le hace un seguimiento al atleta con el fin de lograr éxitos en las diferentes competencias del ciclo olímpico, traer entrenadores extranjeros ha sido una gran apuesta con dos objetivos, el de mejorar a los deportistas y esparcir sus conocimientos en los entrenadores nacionales para implementar métodos y semillas para las generaciones futuras. Los atletas élite de Colombia ya pueden vivir del deporte, como ocurría en años pasados donde les tocaba combinar sus disciplinas deportivas con trabajos comunes para poder sobrevivir, con el programa Altius el gobierno les da un sueldo con el que pueden tener sus necesidades básicas cubiertas. Claro que todavía falta mucho, pero es indudable que la evolución se ha visto, por ejemplo solo algunas ligas están trabajando bien y los deportistas salen de estas, la de Bolívar, Antioquía, Valle y Bogotá. Con un país tan variado en prototipos físicos y en diferentes habilidades. También apoyar el deporte en su base, cuando se necesita inversión en escenarios y ayuda para transportes y comidas para las futuras promesas, desarrollar las disciplinas por regiones haciendo un estudio de donde se pueden hacer más desarrollo de los deportes, el Valle de Cauca en Pesas es potencia Figueroa, Mosquera; Solís lo demuestran, En la región oriental la Gimnasia Artística es fuerte como lo demuestra Yossimar, son solo ejemplos donde el gobierno puede hacer un plan para el desarrollo deportivo. El deporte ha sido la salida para muchas personas de la violencia, la droga y demás vicios, los ciudadanos debemos fiscalizar que el avance obtenido en los últimos 20 años no se pierda, aunque las últimas acciones del gobierno parecen un retroceso, nombrar a Clara Luz Roldán como directora de Coldeportes en una muestra de mermelada, no sacar adelante la Ley del Deporte y al parecer van a rebajar recursos para el 2017, estas son cosas que no se pueden tolerar, además el deporte es de los pocos motivos que unen a la mayoría del país.
MIGRACIÓN LA DOBLE MIRADA: II.- PROTECCIÓN Y VIOLACIÓN DE REFUGIADOS
Por: Luis A. Fajardo. El Estado colombiano ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 por este motivo debería conceder a estas personas la condición de refugiado humanitario. Devolverlos a sus lugares de origen los podría colocar en situación de indefensión frente a sus respectivos gobiernos. El refugio se concede cuando las personas huyen de sus países por motivos de pobreza, hambre, guerra o persecución política. Conceder Refugio o “asilo humanitario” es un acto de profunda solidaridad humana. La mayoría de los ciudadanos haitianos han abandonado su país por hambre y pobreza, este país no se ha recuperado luego del terremoto del año 2010 y más de 300.000 personas muertas. Nuestra memoria es muy frágil, hace menos de un año, todas las miradas estaban puestas en la frontera colombo-venezolana, el indigno tratamiento del gobierno de la república bolivariana hacia los migrantes colombianos, expulsados. Muchos de ellos con nacionalidad venezolana, pero la mayoría de nuestros compatriotas estaban indocumentados en el hermano país. El Gobierno de Nicolás Maduro cerró la frontera y expulsó a cientos de ciudadanos colombianos. El sentimiento patriótico de dignidad nacional fue estimulado por los medios de comunicación. Tildamos al gobierno de Venezuela de insensible, injusto, criminal, etc., Las familias colombianas cruzaban el puente Internacional Simón Bolívar o el río Táchira cargados de sus pertenencias: televisores, neveras, muebles, comida, agua…etc., en este lado de la frontera los esperaba la policía y las autoridades municipales y departamentales para ofrecerles ayuda humanitaria. Hoy nosotros, los colombianos, somos vistos ante comunidad internacional como insensibles, injustos e inhumanos estamos expulsando y obligando a cientos de familias haitianas y cubanas, hombres, mujeres, niños a cruzar la selva del Darién sin bienes materiales solo con mucho temor por su integridad y sus vidas. Pocos son los llamados de la sociedad colombiana hacia la humanidad y la solidaridad para con estas familias de migrantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH – manifestó su preocupación ante el Estado Colombiano “De conformidad con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos, la Comisión llama al Estado colombiano a implementar todas las medidas que sean necesarias para proteger la vida, integridad y seguridad de todos los migrantes bajo su jurisdicción. La garantía efectiva del derecho a la vida exige que el Estado debe adoptar medidas de prevención, protección y asistencia cuando tiene conocimiento de situaciones de migrantes en peligro (…) «La Comisión también ha recibido información sobre los peligros de muerte y abusos que enfrentan los migrantes que han emprendido su recorrido a través de la zona selvática del Tapón del Darién (en la frontera con Panamá). Migrantes que han recorrido dicha ruta denunciaron haber padecido condiciones inhumanas en su recorrido por la selva y haber pasado al lado de cadáveres de migrantes» Las deportaciones y expulsiones masivas están proscritas por el derecho internacional, pero las estamos haciendo de la manera más deplorable. Las ironías de la política internacional, hoy nos hemos convertido en aquello que hace menos de un año denunciábamos, hoy nos acusan de violadores de los derechos humanos de los migrantes y creo que con razón.
LO QUE DIJO LA CORTE
*Marta Sáenz Correa Lo sucedido en esta ultima semana ocasionado por el tema de los manuales de convivencia da espacio para muchas reflexiones. El debate se origina con ocasión del fallo de tutela de la Corte Constitucional interpuesta por la familia de Sergio Urrego. El alto Tribunal falló la tutela T-478 de 2015, a favor de la madre del joven quien tomó la decisión de ponerle fin a su vida debido a la presión de las directivas de su colegio por su orientación sexual. Al resolver la acción judicial la Corte determinó que se presentó una violación de los derechos de intimidad, igualdad y debido proceso y en su pronunciamiento manifestó: «[…] es imposible aspirar a una sociedad robusta, deliberativa, plural y democrática si nuestros ciudadanos son formados a partir del sobresalto y la incomprensión[…] « En dicha decisión, la magistratura exhortó al Ministerio de Educación Nacional a realizar una revisión de los manuales de convivencia para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual e identidad de género e incorporen nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiante. Además, ordenó desarrollar acciones relacionadas con los comités de convivencia y el sistema Nacional de Convivencia Escolar, entre otras. El caso Urrego, es un hecho que debe generar un cambio en el sistema educativo, para hacerlo mas incluyente y respetuoso de las diferencias. En la placa que se develó en la institución educativa donde estudiaba el joven se plasmó la leyenda: » Una educación ética es el único mecanismo para obtener la perfección, destino ultimo de los ciudadanos. La misma solo es posible si enseñamos en la diferencia, la pluralidad, y el imperativo absoluto de respetar a los demás.» Excelente reflexión. Por otra parte, evidenciar el matoneo sistemático contra la Ministra de Educación, la doctora Gina Parody a quien le han facturado expresar su orientación sexual y el compromiso de hacer cumplir una sentencia de la Corte Constitucional; y, finalmente reconocer que las instituciones educativas son las responsables de dar las discusiones al interior con los padres y determinar bajo que mecanismos se protegen las minorías y como su manual de convivencia garantiza el libre desarrollo de los estudiantes. Para finalizar, con tristeza podemos afirmar que en nuestra doble moral acogemos y compartimos todas las formas de discriminación como si eso fuera lo mas normal: por negro, por pobre, por homosexual, por mujer, por discapacitado, entre otras, y se nos olvida con facilidad el respeto por los demás. Saber respetar a los otros es esencial; como sociedad debemos trabajar en valorar y tolerar las diferencias.
PROTECCIÓN A LOS HABITANTES: A LOS DE LA CALLE Y A LOS RESIDENTES
Es indubitable que corresponde al Estado, especialmente a las entidades territoriales, municipales y distritales, con el apoyo de las nacionales, la protección ciudadana, incluyendo en ella a los habitantes estacionarios en su residencia, lugar de trabajo, recreación, tránsito o permanencia, así como a los habitantes de la calle, drogadictos o nó. Porque unos y otros tienen el derecho a ese espacio para el desarrollo de su propia personalidad y vida en sociedad, como lo ha dicho la Corte Constitucional, “sin perjuicio de los derechos de los demás”. Sin embargo, a raíz de la necesaria intervención en la zona del Bronx en Bogotá y el consiguiente desalojo y posterior dispersión por sus alrededores de la población indigente vinculada al consumo o tráfico de drogas, con la consiguiente situación de riesgos e inseguridades; no solo se ha puesto en tela de juicio la acción estatal para la protección ciudadana, sino también su eficiencia. Porque, como equivocadamente han dicho los medios de comunicación, tal deficiencia ha obedecido a los problemas jurídicos generados por la sentencia T-043 de 2015, lo cual no parece ser cierto. Porque revisando dicha sentencia, la Corte Constitucional : De un lado, reconoce, conforme a la ciencia, que la drogadicción, además de ser una enfermedad de salud pública, es un estado social de la población generado por la actividad tráfico y consumo de drogas, que debe combatirse. Y del otro, que si bien admite la necesidad de tratamiento adecuado, igualmente distingue en forma clara dos situaciones diferentes que permiten la intervención del estado y de la sociedad: La primera, es aquella en que “se requiere el consentimiento libre e informado” para el tratamiento médico del drogadicto, siempre que exista la posibilidad en mínimo de conciencia cognitiva y persuasión médica, porque, además del respeto de su derecho fundamental al desarrollo de su vida, es una ventaja para la viabilidad y éxito del tratamiento. En tanto que la segunda situación es aquella en que no se requiere dicho consentimiento libre e informado, lo cual lo expresa así: “solamente en caso de urgencia, inconsciencia o riesgo de muerte, es legítimo (se subraya) que los médicos actúen en función al principio de beneficencia buscando la protección de la vida del consumidor”. De allí que teóricamente existan los casos en que se puede intervenir sin ese libre consentimiento informado, siempre que la entidad los haya incluido dentro de sus políticas y planes de acuerdo con las necesidades del lugar. Así, por ejemplo, dentro de los casos urgentes se encuentran todos aquellas manifestaciones de violencia física o moral que ejercen estos habitantes contra los derechos de los demás, como serian las afectaciones, de los demás habitantes al tránsito personal o automotor, los daños que sufren los comerciantes con el desarrollo de su actividad de comercio y, en general, todos aquellos actos de amenaza y riesgos frente a los demás habitantes de la zona. Así mismo, puede intervenirse en los casos de “inconsciencia-“, particularmente en caso de “drogadicción crónica” en el “evento” de falta de conciencia por el abuso del consumo o de manipulación notoria del drogadicto para atentar contra la sociedad. E igualmente, puede intervenirse en los “casos de riesgo por la vida para la vida del consumidor” cuando por el consumo excesivo y la falta de control o tratamiento médico, se generen no solo situaciones de auto lesiones y suicidios, sino también atentados a la población ciudadana, incluyendo la misma población indigente. Si ello es así, será que la notoria desprotección ciudadana, la de la calle y la población asentada, se debe a que el Distrito, con esté o el anterior gobierno distrital a la cabeza, no ha sido lo suficientemente previsivo en sus políticas públicas social y planes (según los arts. 7º. y ss. de la ley 1641 de 2013) para adoptar las medidas preventivas, concurrentes, correctivas o rehabilitadoras y de seguridad suficientes para darle protección a todos sus habitantes, los de la calle y los residentes? Parece que así lo percibe la ciudadanía.