En momentos, como el actual, en el que se habla de corrupción en las campañas políticas, resulta pertinente considerar, por lo menos para el futuro, la necesidad de construir una “verdadera y transparente gobernabilidad”.
Una transparencia que permita el conocimiento de la licitud y origen honesto de la financiación de las campañas electorales y que asegure la prevalencia de la defensa y control del interés público sobre los intereses particulares, especialmente de los contratistas.
Y una gobernabilidad que no se traduzca en una “irresponsabilidad” de quienes en ella intervienen, sino que, por el contrario, se manifieste en la construcción de una verdadera “responsabilidad política”, en donde todos sus Ministros y Altos funcionarios de Estado, respondan por sus acciones y omisiones en los planes y programas, y, en su caso, el congreso ejerza el control político, no de presión sino de responsabilidad; así como el Presidente de la República, también ejerza sus facultades de remoción y confirmación, cuando las circunstancias lo requieran.
Lo mismo debe suceder con la responsabilidad política que tienen que asumir los Congresistas, por sus acciones y omisiones, para con sus electores y la población en general, en lo cual, a los observatorios políticos y medios de comunicación, les corresponde suministrar la información necesaria, para que la sociedad y la opinión nacional ejerza el control social pertinente.
Finalmente, también debe destacarse la responsabilidad política que le corresponde a los altos dignatarios de la Rama Judicial, a quienes no solo se les han designado, sino que se le ha encargado de la prestación del servicio de administrar justicia, que deben reclamar de todos sus servidores, de acuerdo con la ley. De allí que deban procurar no solo que se facilite el acceso inmediato y fácil a la administración, sino también la adopción de las resoluciones judiciales en forma oportuna, debida y definitiva del caso.
Y, en el caso, en que ello no suceda, deban asumir su responsabilidad política ante la sociedad y las civiles ante los órganos competentes, para que se adopten las medidas políticas, disciplinarias o penales del caso.
