A raíz de las recientes y multitudinarias marchas y protestas del pueblo Venezolano, resulta imperativo, tener presente que, a diferencia del pasado, en la época contemporánea, ellas no solo obedecen a manifestaciones de descontentos, inconformidad, oposición o expresión política, sino también a expresión de indignación popular.
Y precisamente esto es lo que viene aconteciendo con las precitadas expresiones populares, las cuales significan la defensa de la dignidad del pueblo Venezolano, en su voluntad, trato y vida digna.
Porque, de un lado, su dignidad a ser gobernado civilizadamente ha venido siendo pisoteada pr el gobierno del Presidente Maduro, cuando, además de adoptar una conducta antidemocrática con el desconocimiento de la separación de poderes y la negación de las elecciones regionales, sintoma del cierre futuro de todas las elecciones, inclusive las presidenciales, también acude a la represión desproporcionada e injusta a los gobernados.
Y porque su trato ha desconocido la dignidad de un pueblo que rechaza la opresión, mediante la indignación frente a dictadura y a la corrupción, y que reclama respeto a los derechos humanos, a la convivencia, al orden civil, al acceso a la salud y a la alimentación, a la información libre, a la supervivencia y a la esperanza.
Por lo que tales manifestaciones son claras expresiones de repudio o de declaración de indignidad a un gobierno que ha resultado incapaz de atender, por lo menos, las necesidades básicas de la sociedad Venezolana. Lo cual se encuentra justificado porque la democracia no es la simplemente electoral, esto es, la de haber sido elegido por el pueblo; sino que también comprende “la democracia social”, esto es, que el gobierno elegido se ejerza a favor del pueblo, satisfaciendo, por lo menos, con honestidad y responsabilidad sus necesidades básicas, que, cada día que pasan, se encuentran más insatisfechos.
Por ello, ese repudio deberá acarrear la presión interna e internacional, la protección de una alianza internacional de los países solidarios con Venezuela, y, desde luego, acción política y humanitaria de la OEA, a fin de que el pueblo Venezolano goce de garantías de supervivencia digna (art.17 Carta OEA), y obtenga la terminación o remoción del Gobierno de Maduro lo más pronto posible que facilite la cooperación económica y social (Carta OEA arts. 2F y 3 K).
