Si bien es cierto que el mundo ha sido espectador de la acción militar que ha hecho la fuerza pública, comandada por el Presidente Maduro, contra la población Venezolana, desarmada e inerme, en las potestades públicas; también lo es que es la oportunidad que tiene la fuerza pública para abstenerse de hacerla y, en su lugar, comenzar a protegerla.
Porque si bien la obediencia impone el deber de la sujeción al mando, también lo es que la dignidad implica sujeción a su misión. Porque, en un estado de derecho, la misión de dicha fuerza pública: Es la de proteger al Estado, esto es, a la constitución política, que nos rige. Es la de defender la democracia, que aquí se ha manifestado por la renovación de la Presidencia. Es la de defender a los poderes públicos institucionalizados, que aquí está representada en la asamblea nacional. Y es la de defender al público al cual se debe y sirve.
En cambio, resulta indigno a la calidad de miembro de una fuerza pública darle protección a aquellos que, dentro del gobierno y dentro del chavismo, han conducido a Venezuela a lo que ellos son: a imponer la dictadura, porque con apariencia de democracia popular lo que, en verdad, creen y propugnan por la doctrina de la dictadura del proletariado. Porque también son grupo que solo buscan su beneficio, desconociendo a la mayoría. Y porque son grupos que han utilizado el poder en favor de la corrupción, del narcotráfico y de la delincuencia organizada.
De allí que sea la oportunidad para evitar investigaciones e implicaciones por parte de la Corte Penal Internacional, que, como es bien sabido, no exonera a quienes, a sabiendas, cometen delitos de lesa humanidad; y para evitar, que el conflicto interno amenace la paz y la seguridad internacional y de lugar a una fuerza militar o policiva internacional de la ONU proceda a proteger los derechos humanos de la población Venezolana (art.1º. num.1 y 3 y art. 39 y ss. Carta de las Naciones Unidas).
