A raíz de la evaluación que suele hacerse al finalizar los cien días de todo nuevo gobierno, al actual no les va muy bien. Porque aquella se mueve entre la crítica sobre su improvisación que hacen sus opositores y amigos, y la prudencia que adoptan los medios de comunicación social que sugieren la necesidad de aguardar un período más amplio.
No obstante lo anterior, si bien en este momento hay que reconocerle al gobierno de Ivan Duque la separación administrativa que ha hecho del ejecutivo con las ramas legislativa y judicial; también lo es que se hace necesario que el Presidente de la República, como jefe del Gobierno de la Nación Colombiana, ejerza su deber de armonizar las tres ramas del Estado, esto es, la ejecutiva, la legislativa y la judicial.
Y esta armonización no se logra con la simple actitud pasiva de la Presidencia de dejar que cada una de las Ramas tengan en cuenta y cumplan sus atribuciones constitucionales y legales. Porque si bien esta actitud, la pasiva, resulta suficiente para el mantenimiento del statu quo de excelsos valores (v.gr. de transparencia, honestidad, eficiencia, etc.) que se ha logrado en un período que se quiere conservar; no lo es cuando, por el contrario, se pretende corregir los defectos y problemas de la mermelada, o de asignación de cupos indicativos y de la corrupción, y cuando se requieren inversiones de recursos económicos, para el desarrollo de esas regiones o localidades. Por lo que se hace necesaria una conducta activa tendiente a obtener esos correctivos.
De la misma manera el gobierno puede obtener una aproximación con la Rama Judicial partiendo de la base de la imposibilidad e inconveniencia de acuerdo político, pero de la posibilidad real de un reconocimiento de respeto recíproco a la defensa de los intereses públicos que cada uno tiene. Porque si bien la Rama judicial, como cuerpo no político, ni administrativo, no puede concertar estos acuerdos en vista de que, de acuerdo con la constitución y la ley, no le esta consagrada esa función; no es menos cierto que como uno de los poderes públicos del Estado, tienen un interés jurídico público de defender no solo su existencia y funcionamiento, sino también su mejoramiento.
De allí que tampoco resultaría imposible de que el gobierno y congreso lleguen a una aproximación con la Rama Judicial, que, de un lado, garantice no los intereses personales de sus miembros o allegados, sino que asegure a tales órganos y a la Nación el interés de pronta y cumplida justicia, asumiendo su responsabilidad, en caso de incumplimiento; y que, del otro, aseguren a la Rama Judicial no solo su independencia y autonomía en todos los campos (v.gr. judicial, administrativa y presupuestal) como lo señala la Carta Política, sino también su desarrollo nacional como escudo y pilar de la democracia, y la mayor eficiencia de la justicia al servicio del ciudadano, con el apoyo comprometido de todos las entidades del Estado, incluyendo las nacionales, las departamentales, las municipales o distritales y las internacionales.
Por lo tanto, el interrogante que surge ahora es el de si el Gobierno de Ivan Duque dará el paso hacia la armonización funcional del Estado?
