En un sistema democrático como el Colombiano no solo están claramente determinadas las actividades de las ramas del poder público, sino también las que corresponden a los órganos políticos del Estado, especialmente los partidos de gobierno, las de oposición y los independientes.
Pues a los primeros les corresponde la dirección del gobierno, esto es, a la formulación de las políticas y a la realización de las actividades ejecutivas y legislativas que persigan y obtengan la resolución de los problemas y la satisfacción de las necesidades de las ciudades, no solo de aquellas por los cuales fueron elegidos, sino también todas aquellas que se consideren indispensables para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.
En cambio, ello no ocurre con los demás partidos políticos que empleen una función de equilibrio y control de la democracia más no de acción directa del Estado, que se le asigna al partido político de gobierno. De allí que los partidos políticos independientes, solo asuman el compromiso de exaltar aquello que autónomamente se considera de conveniencia nacional, criticando y contrariando las iniciativas que consideren negativas y apoyando aquellas que por el contrario, estimen positivas. Y de que los partidos de oposición políticos, solo tengan como rol político las de rechazar las políticas y comportamientos gubernamentales haciendo las críticas y controles pertinentes y, si fuere el caso, formulan y dan a conocer las que, a su juicio, deberán ser las que se sigan en el gobierno.
De allí que en el momento en que los partidos y movimientos políticos no cumplan sus respectivos roles, surjan percepciones sociales negativos de la funcionalidad democrática.
Ello parece acontecer con la percepción de los colombianos del Gobierno de Ivan Duque, que, de acuerdo con la oposición al gobierno de Santos y lo expuesto en la campaña de 2018 en el cual fue elegido como Presidente, pasó a gobernar en el mismo sentido, siendo muy activo en su antidogmatismo, en su frontal inconformidad contra el acuerdo de paz, expresada en las objeciones a la ley estatutaria, en su rechazo a la JEP como jurisdicción especial y los demás reproches presidenciales a la libertad y evasión de exguerrilleros SANTRICH. Por el contrario, tales acciones pueden ser apreciadas como su mismo de interferencia judicial. Sin embargo, la gente echa de menos acciones de gobierno que, de acuerdo al resultado de la promesa electoral satisfaga la baja de impuestos, mayor seguridad, mayor empleo, mejor convivencia, mayor respeto a los acuerdos, más efectividad y control a la criminalidad organizada en paramilitarismo y a la guerrilla; etc. serán estos las causas de la percepción irregular del gobierno.
