A raíz de la carta de numerosos generales en retiro, que tuvieron a su cargo, gran parte del comando de la fuerza pública, en la cual manifiestan el Presidente de la República su preocupación por la integración y funcionamiento del Tribunal Especial para la paz, acordado en el proceso de paz entre el gobierno, se hace pertinente señalar que ello obedece a que es el órgano encargado de administrar justicia para las partes en conflicto, donde, desde luego, se encuentran algunos miembros de las fuerzas militares.
Sin embargo, dicha preocupación descansa, en el fondo, en ciertas particularidades de dicho órgano judicial, que se aguarda se cumplan y desarrollen para tranquilidad de los colombianos, una “verdadera justicia para la paz”, lo cual implica que ella sea “confiable idónea y acertada”. En efecto, para ello se necesita:
En primer lugar, que su transitoriedad por diez (10) años y su integración con posterioridad a la terminación del conflicto armado, no sea instrumento para la manipulación de su integración, ni obstáculo alguno para generar la confianza pública que ordinariamente tienen los órganos judiciales preexistentes y permanentes, pertenecientes a la carrera judicial.
En segundo lugar, que exista objetividad e idoneidad en la selección de sus integrantes, como se aguarda que lo haga la comisión encargada al efecto, que, más que nominadora, es la encargada de obrar como garante del desarrollo y eficacia de este componente de justicia. Y en tercer lugar, que sus miembros, además de sujetarse al régimen complejo pertinente, garantice que la integración asegure anticipadamente que se trata de un órgano encargado de la “justicia para la paz y la convivencia pacífica” y no para la guerra y la parcialidad, violencia ente los colombianos.
De allí que, más que al Presidente de la República, corresponde a la sociedad y a la opinión colombiana el control social de dicha garantía como garante máximo de justicia para la paz, en lo cual deben contribuir los medios de comunicación social.
