Mientras algunos medios de comunicación exaltan como joya de América los caminos construidos por el imperio Inca de Suramérica (tomada de la Revista Semana No.1678 de 29 de junio de 2014), otros, por el contrario, desde hace más de una década vienen hablando de los carteles de la droga, especialmente en Cali, (tomado del Tiempo del 29 de junio de 2014). Y más aún desde hace un año para acá dichos medios han venido divulgando las trata de personas de procedencia Asiática y Africana, por el Sur de Colombia, así como el asedio de las organizaciones criminales en el Departamento del Chocó, y los paros agrarios en los departamentos del Cauca y del Huila.
Pero también ahora, el informe del SIMCI (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos) de la ONU revela el incremento de la producción de la Cocaína en las zonas de frontera, especialmente en los departamentos de Nariño, Putumayo y Norte de Santander (tomado del Tiempo del día 27 de junio). Para dicho informe se trata de un fenómeno estadístico que muestra en incremento del 56% de 48.000 hectáreas de todo el incremento (tomado del tiempo de esta fecha), para un total de más de 26.189 hectáreas.
Sin embargo, para miembros de estas poblaciones no se trata, como aparenta serlo o parece sugerirlo por los medios, de una descomposición social, sino sencillamente de un aprovechamiento indebido de las regiones por parte de los explotadores de la droga y de la criminalidad. En efecto, todos estos explotadores aprovechan las zonas de fronteras, porque son las más idóneas para el tráfico internacional, debido a la poca presencia del Estado en muchos sectores, a la indiferencia o corrupción y a la facilidad para el ingreso y traslado de personas y de mercancías. Y así mismo, sacan provecho de la hospitalidad y vocación de servicio que para con los extranjeros tienen las poblaciones de frontera y marítimas, para emplear a unos cuantos de ellos para beneficio de la explotación ilícita de la trata de personas, o de la cadena de las drogas, esto es, en la producción, comercialización y exportación de la cocaína.
Pero, en manera alguna, puede pensarse que exista una contaminación social por la referida ilicitud. Por el contrario, todos los miembros de estas regiones no solo han tenido el valor de rechazar y marginarse de esa explotación, sino que es preciso que el gobierno nacional atienda su clamor regional, no solo para combatir la criminalidad internacional a la que suele ser asediada estos territorios, sino también para suministrar el apoyo a los proyectos de desarrollo lícito que tiene Cali y el Sur del país, en la construcción y el comercio (tomado de elpais.com del 1º. de julio de 2014), con miras a su proyección internacional, especial de la integración suramericana, el desarrollo de la Alianza para el Pacífico y la reingeniería que se proyecte para la integración andina (tomado del Diario del Sur del 1º. de julio de 2014).
