Cada vez que se habla de salud, también se habla de los medicamentos químicos o biológicos; pero suele olvidarse que estos son universalmente una garantía para la salud y vida de la sociedad.
En esta ocasión, se habla de la eventual reglamentación y control de precios de los medicamentos biológicos, esto es, aquellos de procedencia directa e indirecta (de extracción) de organismos vivos y los medicamentos biogenéricos o biosimilares a los medicamentos biológicos originales, como sucede con la hormona de crecimiento o eritropoyetina autorizada en España (tomado de www.elcomercio.es).
En dicho aspecto discrepan la industria farmacéutica, las asociaciones de pacientes, los gremios médicos, las embajadas, la sociedad civil y la iglesia católica. Unos discrepan por su proyección e incidencia económica, por cuanto, se dice, que los medicamentos biológicos son el futuro de los medicamentos con gran incidencia en la explotación mundial (hoy la mitad de esta) e importancia económica nacional (de un costo de más de 3 billones) (tomado de el espectador del 13 de julio de 2014), donde toma gran trascendencia los biogenéricos.
Si bien es cierto, que aún no existe unanimidad científica sobre la fabricación de los medicamentos biológicos, especialmente en Colombia, donde se reclama por parte de numerosos Galenos (como sucede con el Dr. Eduardo Rueda) una reglamentación estricta (tomado de Martín Uribe Arbeláez, en su tesis de maestría sobre medicamentos biológicos y biosimilares, ps. 134 y ss); también lo es que ello no limita sino que contribuye a la seguridad de dicha fabricación. Porque es bien sabido, que no solo la ciencia goza de una garantía constitucional, de tipo investigativo (tomado del observador universal de junio de 2014), sino que al mismo tiempo, la industria también goza de una garantía de iniciativa privada (art. 333, inc. 1º. C.Pol.) que le permite explotar los medicamentos.
Sin embargo, suele olvidarse que ambas garantías se encuentran limitadas por una garantía social superior, de carácter ético, constitucional y universal.
En efecto, se trata de una garantía ética consistente en la necesidad de que dichas actividades científica y económica, tengan por finalidad superior el bienestar de la humanidad. Además, se trata de una garantía constitucional, debido, de una parte, al derecho que tiene la sociedad en general a que toda actividad investigativa y económica se haga a favor de ella; y, de la otra, a la “responsabilidad social que le corresponde a los investigadores y negociantes de los medicamentos esenciales”. Pues así lo imponen la función y el interés social que deben proteger ambas actividades. Y también es una garantía universal, no solo para la protección que tiene la salud como institución de interés público y de acceso universal, reconocida constitucional (arts. 71, 2 y art. 333 y final de la C. Pol.) y globalmente. Así lo ha recomendado la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la Acción Internacional para la Salud, en Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, para superar definitivamente los conocidos conflictos entre los derechos de la sociedad al acceso de los medicamentos esenciales y los derechos de patentes de las multinacionales, comienza a abrirse paso la tesis radical de “considerar a los medicamentos como bien público” a fin de evitar la propiedad privada de los mismos (Tomado de Martin Uribe. Tesis citada, ps. 85 y 136).
Por consiguiente, la discusión que debe plantearse al público, es la de saber si tales controles a los medicamentos biogenéricos, solo deben beneficiar a la sociedad en su acceso y precios, o, por el contrario, solo deben beneficiar a las empresas multinacionales; o si deben garantizar lo primero a precios razonables que reconozcan a estas una compensación equitativa?
