Por: Fabián Gonzalo Pérez Cardona
El siete de agosto pasado el Presidente Santos notificó a los colombianos que las prioridades de su segundo mandato serán la paz, la equidad y la educación, objetivos loables que muchos compartimos sin que por ello podamos desconocer que la ejecución de dichos propósitos implicará inmensos recursos económicos, por lo que ineludiblemente el gobierno debe definir de donde saldrán tales recursos.
El primer instrumento de que dispone un gobierno para financiar los gastos son los impuestos, los cuales constituyen un termómetro a través del cual se mide el concepto de equidad que prima en un estado en particular ya que es a través de este mecanismo como las democracias definen quienes aportarán los recursos para solventar las políticas públicas; es aquí donde se define sí las mayores cargas recaen sobre las rentas de trabajo o las rentas de capital; es aquí en donde se define sí los impuestos se pagan en virtud de los ingresos, el patrimonio o los consumos; en fin es aquí en donde se materializa la equidad tributaria que simplemente indica que los más ricos deben pagar más y los pobres pagan menos (principio de progresividad).
Volviendo al caso colombiano, me refiero ahora al anuncio que hizo el Ministro de Hacienda en el Foro de Fedesarrollo llevado a cabo en la última semana de agosto de 2014, en el sentido de que el gobierno solo plantea presentar a consideración del congreso un reforma tributaria “ligera” a través de la cual se prorrogará el impuesto al patrimonio y se volverá a aplazar el desmonte del cuatro por mil o impuesto a las transacciones financieras. Normalmente un anuncio como este hubiera sido ovacionado por los empresarios presentes en cuanto implica despejar las tribulaciones acerca de las cargas para la financiación del posconflicto y prácticamente constituye un grito de continuidad en el estatu quo tributario que hoy existe.
Contrario a lo que afirmo, las palabras del Ministro de Hacienda produjeron en el auditorio dudas y suspicacias al punto que el propio director de Fedesarrollo no tardó en manifestar que con una reforma tributaria como la propuesta solo se taparía la mitad del hueco fiscal del 2015 y otro dirigente gremial del sector financiero (ANIF) no dudó en expresar: “El peor error que podemos cometer es pensar en tres reformas tributarias: la que van a meter para tapar el hueco que hay en el 2015, la segunda para enfrentar los temas de salud y pensiones y la tercera para financiación del proceso de paz”.
Como se observa, han sido los propios empresarios los primeros en dudar que las finanzas públicas de Colombia tengan el color rosa que el gobierno ha querido presentar y, por el contrario, se escuchan distintas voces que reclaman ir al fondo del problema para realizar una reforma tributaria estructural, lo que significa definir en quienes recaerán las nuevas cargas tributarias.
En el contexto mencionado todo indica que el gobierno tiene el deber imperativo de presentar una reforma tributaria real y no cosmética como la que inicialmente presentó y es aquí en donde se conocerá su estirpe y talante; es ahora cuando sí el gobierno tiene la intención real de corregir las profundas inequidades del sistema tributario colombiano, que ilustro con información tomada de dos fuentes confiables:
- De acuerdo con el Informe “MINERÍA EN COLOMBIA” elaborado por la Contraloría General de la República en el año 2013 bajo la coordinación de Luis Jorge Garay, por cada $100 efectivamente pagados por las compañías mineras a título de impuestos entre los años 2007 y 2010, dichas compañías obtuvieron descuentos y deducciones tributarías equivalentes a $200. Sobre el papel la carga tributaría de dichas empresas es del 33% pero la tasa real terminó siendo del 10%; de manera semejante el estudio calcula que la tasa real de tributación para el sector de hidrocarburos fue del 10% y para el sector financiero del 2.5%.
- De acuerdo con Juan Ricardo Ortega, ex director de la DIAN, en un universo de 320.000 empresas contribuyentes del impuesto sobre la renta solo 3.500 pagan lo que les corresponde por impuestos y dichos pagos representan el 70% del total recaudado; en contraste con lo anterior las 316.500 empresas restante no tributan en forma correcta y 200.000 de ellas evaden de manera “muy grave” (El Tiempo, 16 de julio de 2014).
Como se observa hay distintas voces autorizadas que alertan sobre las imperfecciones e inequidades del sistema tributario colombiano y obviamente son muy diversos los criterios que existen acerca de la manera de equilibrar las finanzas públicas de Colombia; para el Presidente de ANIF este hueco fiscal debe cubrirse mediante el incremento del IVA al 18% y el aumento de la tasa de tributación para los salarios altos; para otros analistas como Guillermo Perry, no sería aceptable que en una sociedad tan desigual como la nuestra las nuevas cargas recaigan sobre los ingresos de trabajo y no graven los ingresos de capital y para otros el gobierno está obligado a recortar gastos, lo que en palabras claras significaría incumplir sus promesas de campaña.
Se concluye de lo expuesto que el gobierno se encuentra en una encrucijada tributaria pues no ha destapado sus cartas para hacer efectivos los anunciados criterios de equidad que lo inspiran, punto que deberá definirse al interior del gobierno en los próximos 15 días para que luego las reformas puedan cursar en el congreso; en otras palabras llegó la hora de las definiciones; llegó la hora de saber en cuanto se disminuirá el presupuesto de defensa en este cuatrienio ya que el Presidente indicó que su meta es lograr que el presupuesto de educación sea superior al de defensa; llegó la hora de conocer las propuestas del gobierno para eliminar las deducciones y descuentos que favorecen a ciertos sectores poderosos del país; llegó la hora de adoptar políticas novedosas y efectivas contra la evasión tributaria y por supuesto también llegó el momento de saber de qué manera enfrentará el gobierno a los lobistas profesionales que rondan el congreso cada vez que se ventilan asuntos tributarios o se amenazan los negocios asociados a la guerra.
Para no omitir ninguna de las aristas de este espinoso debate, pongo de presente que uno de los aspectos más significativos para resolver al interior del gobierno y en el seno del Congreso será la anunciada disminución del presupuesto de defensa, asunto que no es de poca monta pues de acuerdo con el estudio “CUANTO NOS CUESTA LA GUERRA” elaborado por el Politécnico Gran Colombiano en el año 2013 bajo la dirección de Juliana Castellanos, entre los años 2002 y 2011 el país destinó 220 billones de pesos al presupuesto de defensa, lo que significa un promedio de 22 billones por año, recursos que se destinaron a sueldos (más de 400.000 hombres), logística e intendencia. La pregunta es entonces: ¿cuál será el presupuesto de defensa en el próximo cuatrienio?
Como se ve hay motivos suficientes para el título de este artículo porque todos queremos saber para dónde va el Ministro de Hacienda.
