El debate de la Eutanasia
Por: Marta Saenz C. Por considerar este tema de interés para todos, comparto lo aprendido como estudiante de la Maestría en derecho médico que curso actualmente. En 1997, Colombia se convirtió en el primer país del mundo en despenalizar la eutanasia gracias a la sentencia C-239 de la corte constitucional de la cual fue ponente el Magistrado Carlos Gaviria (q.e.p.d). Antes de la sentencia, los médicos que asistieran homicidios por piedad, se les podían imponer penas de seis meses a tres años de prisión, sin importar que sus pacientes por voluntad propia decidieran terminar con su vida de una manera digna. En reciente fallo de la Corte Constitucional T-970 del 4 de marzo del año en curso, resultado de la revisión de la tutela T-970 de diciembre 15 de 2014, se ordena al Ministerio de salud que emita una directriz y disponga todo lo necesario para que los hospitales, Clínicas, y prestadores de servicios de Salud conformen el comité interdisciplinario del que trata la sentencia y cumplan con las obligaciones emitidas en esta decisión. De igual manera, el fallo le indica al Ministerio que se deberá sugerir a los médicos un protocolo que será discutido por expertos de distintas disciplinas y que servirá de referente para los procedimientos tendientes a garantizar el derecho a morir dignamente. La revisión del fallo, se realizó por una acción de Tutela interpuesta contra Coomeva EPS que diligenció un ciudadano en procura de la protección de sus derechos fundamentales a la vida y a morir dignamente (art.11 C.P.) los cuales estimó vulnerados. La peticionaria sostuvo que padecía una enfermedad terminal que comprometía gravemente sus funciones vitales, y que aun cuando médico oncólogo dejó constancia que el cáncer que padecía había deteriorado su salud y calidad de vida y ordenó suministrarle el mejor cuidado de soporte por cuidados paliativos, éste no accedió a su petición de morir dignamente a través de la eutanasia por considerarlo homicidio. El Ministro de Salud acatando la sentencia que ordena la reglamentación de la eutanasia, diseña la ruta para que se garantice la muerte digna a los colombianos en todos los hospitales y clínicas del país. La persona que desee morir dignamente deberá ser un enfermo terminal, esto lo decide el médico tratante, y ser mayor de edad. El paciente debe expresar su voluntad de practicarse este procedimiento a su médico tratante, quien debe presentar al enfermo todas las alternativas terapéuticas a las que puede someterse para tratar su enfermedad. Luego de escuchar dichas opciones, el paciente debe reiterar su voluntad de practicarse el procedimiento para que el medico entregue la información al comité quien decidirá si se cumplen la condiciones para que se continúe con el proceso. Si el comité aprueba continuar con el procedimiento, nuevamente se le pregunta al paciente si está seguro, si su respuesta es positiva, el hospital tiene un plazo de quince días para efectuar el protocolo medico determinado por el médico. Es importante aclarar que en cualquier momento el paciente puede desistir que le practiquen la eutanasia. Al respecto, considero que la decisión de la aplicación del procedimiento de la eutanasia es personal y respetable y que los colombianos contemos con un protocolo para que los pacientes afectados por enfermedades terminales puedan tener una muerte digna es un gran avance. Ante los temores de muchos, es importante aclarar que la familia solo puede intervenir cuando quien va a morir haya manifestado su decisión con anterioridad. Si esa persona no lo manifestó, no es posible aplicarle la eutanasia. Para quienes estamos de acuerdo con la aplicación de este procedimiento, podemos acudir a la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente para una mayor ilustración.
La Corte Constitucional y su compromiso con el país: LA UNIVERSIDAD LIBRE Y LA DEFENSA DE LOS VALORES (CONTINUACIÓN DE LA DECLARACION II)
Nicolás Enrique Zuleta Hincapié Rector Nacional LA UNIVERSIDAD LIBRE EXPRESA A LA OPINION PÚBLICA:…. (Continuación) Quien ha cometido errores o posibles delitos debe asumir su responsabilidad de manera individual, más aún si se trata de magistrados o altos dignatarios, eso sí presumiendo su inocencia, dotándolos de las garantías propias del debido proceso y dentro de éste especialmente del derecho de defensa. Las investigaciones deben realizarse con equidad, sin apasionamientos, abandonando miramientos políticos o presiones mediáticas; hay que actuar con contundencia en la búsqueda de la verdad, persiguiendo y castigando severamente el delito y la corrupción. La legítima indignación de los ciudadanos debe estar sopesada en la balanza de la justicia con los grandes aportes que para los derechos humanos y la juridicidad del país ha gestado la Corte Constitucional. Numerosas e innovadoras sentencias que afianzan el moderno derecho constitucional, donde la libertad, la igualdad y la dignidad humanas dejan de ser un mero enunciado retórico; controles de constitucionalidad que refuerzan el apego a la supremacía e integridad de la Constitución; todo lo anterior debe serenar los ánimos guiando la voluntad hacia la salvaguardia de la Corte Constitucional, aunada al agradecimiento y gratitud con los gestores de esta egregia obra, que bien vale exaltar en momentos de desasosiego. La salida a la crisis del sistema judicial colombiano no es ajena a la sociedad en su conjunto, mucho menos a la academia. Es un momento oportuno para acudir a los valores y principios constitucionales, desarrollados por la propia Corte Constitucional, pues la constitucionalización de derecho nacional no sería la misma sin los enormes aportes de la Corte en favor de la precaria democracia colombiana y la realización de los derechos humanos en nuestro país. Sus providencias le han merecido un justo reconocimiento, no solo interno, sino a nivel internacional, al lado de tribunales como el Tribunal Supremo de la India y el Tribunal Constitucional Sudafricano, expresiones destacables del constitucionalismo contemporáneo. No de otra manera se explica que la jurisprudencia de la Corte sea citada permanentemente por académicos e instituciones jurídicas de todo el mundo. Que la crisis sea para fortalecer nuestro muy querido tribunal constitucional, porque no conviene al país desconocer la trascendencia jurídico-social de sus sentencias que a lo largo de su existencia han enriquecido nuestra jurisprudencia y han sido ejemplo universal. Ciertamente, con sus sabios y adustos fallos, se ha protegido el Estado Social de Derecho, la dignidad humana, la autonomía personal, el bloque de constitucionalidad, trabajadoras sexuales, el estado de cosas inconstitucional (desplazados), dosis personal, eutanasia, matrimonio igualitario, derechos de las minorías, los pueblos indígenas, igualdad de género, y qué no decir en materia de salud, o educación, aborto, derechos de los animales. Pero, por sobre todo, nos mueve resaltar, que el derecho cumple una sagrada misión por acendrar los valores sociales, porque la juridicidad se erige en su protectora, y por eso nos parece un desafío inadmisible que en procura de defender oscuros intereses y censurables conductas individuales, se quiera separar el derecho de la ética. Para Universidad Libre, plantear el derecho sin la ética, es el peor atentado que puede concebirse a su institucionalidad, porque la ética de una sociedad, se refleja precisamente en sus valores y principios constitucionales, que tiene que salvaguardar forzosamente su sistema jurídico.
Uribe quiere guerra; los demócratas paz
Por: Horacio Serpa Uribe El uribismo con su jefe a la cabeza se aprovecha de la muerte y del dolor para hacer política electoral. Hay rabia con las farc y fastidio con los oportunistas. Colombia siente la muerte de sus soldados, las heridas, la destrucción, la deslealtad y la mentira. Con dolor y rabia enterró a los muchachos que ofrendaron la vida para que su familia, sus amigos, sus compatriotas puedan vivir sin la violencia que les arrebató la vida. Si estuvieran con nosotros no querrían que las lágrimas opacaran la inteligencia de los colombianos. Un expresidente guerrerista. Uribe incendia el corazón de sus compatriotas. Les remueve los resentimientos, les recuerda sus desgracias, les instiga al desquite y a la revancha con la consigna del “ojo por ojo”. Sus conmilitones aúpan a los desprevenidos a que se sumen a los batallones fratricidas de la inconformidad para que crezca el descontento y presionen al gobierno y a las fuerzas institucionales de defensa en busca de que se destruya la posibilidad de paz en La Habana. No son propiamente los más patriotas. Tampoco son los que van a la guerra, ni ellos ni sus hijos. Hacen política con los muertos de otros, con el dolor de los demás. Engañan, calumnian, gritan y lloran como si lo que llevaran adentro fuera diferente a sus intereses bastardos, politiqueros, de venganza. Democracia para que se respeten las ideas. Los demócratas son otra cosa. Se duelen sinceramente y lloran con rabia las desgracias de la violencia y la vergüenza de no poder acabar las calamidades y la perversidad. Aman la vida, la libertad, la equidad, quieren “al prójimo como a sí mismos”. Por eso no desean más soldados ni policías asaltados, ni más guerrilleros enterrados anónimamente en la selva. Claman por la paz y porque todas y todos tengan la oportunidad de luchar por sus ideales políticos y sociales en un ambiente de respeto, igualdad, transparencia y libertad. Los demócratas apoyan los diálogos de La Habana porque en ellos ven la oportunidad de la concordia y de las reivindicaciones. Saben los demócratas que la violencia destruye la libertad. Los demócratas lloran todos los muertos y rechazan el uso de los fusiles desde la ilegalidad. Si en nombre de la institucionalidad se usan para perseguir a los inocentes y para reprimir a la población, también los rechazan. Los demócratas propugnan por la convivencia con equidad, por la fraternidad y la solidaridad. Los demócratas respetan la crítica, la oposición, las ideas de los demás, la controversia responsable y pacífica. Para los demócratas la solución de los conflictos debe lograrse con el uso de la razón, no de la fuerza. Los demócratas saben que la violencia produce más violencia y que la cultura, la verdad y el bienestar no tienen cabida en la guerra. Los demócratas exigen del uribismo más respeto por la patria que tanto mencionan pero a la que nunca podrán brindar satisfacciones porque la guerra que defienden solo ofrece destrucción y sangre.
Dignidad Científica al final de la vida. Oposición razonable??
A raíz del decreto del Gobierno Nacional que reguló el “derecho a morir dignamente” no solo se han expuesto comentarios a favor y en contra de tal regulación, sino que también se han dejado de lado asuntos de fondo que d pueden ser útiles para establecer su razonabilidad o no, que deben darse a conocer a la opinión pública para que haga un mejor juzgamiento del acierto o desacierto de la oposición. El primer aspecto consiste en la manipulación del tema que encierra. Puesto que los opositores presentan el asunto como si fuera una exaltación a la muerte, cuando en verdad, lo que se exalta es el instante final de la vida, cuando se afirma que la dignidad de la vida debe comprender hasta su momento final. De allí que aquellos, en el fondo, niegan la dignidad final de la vida y la de su estadio precedente. El segundo aspecto radica en la distorsión que se ha hecho del alcance del tema. Puesto que se ha presentado como una autorización de la eutanasia, es decir, como una autorización para quitar la vida de alguien, cuando, en verdad, en este caso, lo que se autoriza es la extremación de los cuidados paliativos que eviten o supriman los sufrimientos de una enfermedad terminal y que, si fuere el caso, le permitan al paciente vivir sus últimos días sin sufrimientos hasta su muerte. Luego, hay una oposición al alivio de la enfermedad terminal? El tercer aspecto consiste en el ocultamiento del verdadero escenario de discusión del debate. Pues el escenario acertado es el de la preponderancia que, en este punto, hay que darle o no a la ciencia sobre la religión?. En efecto, es indiscutible el gran desarrollo y aporte que hoy da la ciencia no solo a la conservación y prolongación de la vida natural, sino también al diagnostico de la posibilidad de su finalización y, más aún, a la de su tratamiento sin sufrimiento y con dignidad. En cambio, no puede decirse que la experiencia de vida, las creencias y las religiones, constituyan el instrumento idóneo para regular eficientemente la vida material. De allí que será desacertada la prevalencia de la ciencia?. Y finalmente, debe destacarse la aparente función contradictoria de los comentarios. Puesto que las oposiciones a la mencionada reglamentación también aparentan una defensa al orden jurídico, cuando expresan que debe ser un asunto de debate del congreso, como lo dijera inicialmente la Corte Constitucional (Sent- C-239 del 1997); cuando, en realidad, la religión, en la defensa legítima de sus intereses religiosos, lo que se sugiere, al parecer inconscientemente, es la subversión del mismo orden jurídico que trata de defender. De una parte, porque dicha postura conlleva realmente una invitación o llamado al desacato judicial, esto es, a que el Gobierno no acate la última sentencia de la Corte Constitucional que lo obliga a hacer tal expedición (Sent. T.870 de 2014). Y, de la otra, porque esa misma postura ha derivado en una demanda ante el Consejo de Estado, para que, este no solo contraríe a la Corte Constitucional, sino que, desatienda la calidad de Estado laico del Estado colombiano y de sus poderes. Con ello parece perseguirse: De un lado, que esa corporación vulnere el derecho de la población colombiana, a guiarse en esta materia, por una confesión cualquiera o sin ella, o por la ciencia. Y de otra, que esa misma Alta Corte cercene el alcance de la concepción de servicio público de salud, con destino a cualquier clase de público que lo solicite, y que lo limite a una concepción institucional privada (no pública) que solo corresponda a unos principios religiosos. Seria trasladar el dogmatismo de ciertas religiones a las instituciones de servicio público, que por esencia todo servicio público es antidogmático, aun cuando todas las personas naturales tengan el derecho a profesar en conciencia una confesión religiosa. Es decir, solo estas personas naturales pueden ser fieles, sean médicos o pacientes. Y, por lo tanto, solo a ellos les está reservado el derecho a la objeción de conciencia. En cambio, las instituciones (clínicas, hospitales, etc.) que prestan un servicio público de salud, carecen de ese derecho confesional, y del derecho a la objeción de conciencia. Por consiguiente, será razonable o no la oposición a la dignidad científica del final de la vida?
Carlos Gaviria Díaz: Los ideales Libertarios (I): Pensamiento y Libertad
Por Luis Alfonso Fajardo Sánchez En La vida y obra de Carlos Gaviria Díaz se pueden evidenciar los ideales libertarios. Carlos Gaviria nació el 8 de mayo de 1937 en Sopetrán, Antioquia, y murió el 31 de marzo de 2015 en Bogotá. Abogado de la Universidad de Antioquia con maestría en Derecho de la Universidad de Harvard. Fue Juez Promiscuo Municipal de Rionegro. Pero luego se vinculó a su alma mater como profesor. Fue decano de esa facultad entre 1967 y 1969. En 1980 fue vicepresidente del Comité Regional por la defensa de los Derechos Humanos en Antioquia. El ideario libertario de Carlos Gaviria se puede seguir en todos los momentos de su vida. Primer ideal: Pensamiento y acción: La defensa de Carlos Gaviria Díaz por los derechos humanos no fue un tema teórico o eminentemente jurídico sino especialmente operativo, su luchas por los derechos humanos de los sectores en condiciones de vulnerabilidad en Antioquia las realizaba en las comunas más pobres de Medellín, luego tuvo que exiliarse en Argentina tras el asesinato de Héctor Abad Gómez, el médico salubrista que dirigía el Comité. El nombre de Carlos Gaviria estaba en la lista de las personas que debían ser asesinadas después del médico Abad Gómez, lo relata Héctor Abad Faciolince en su obra “El Olvido que seremos”. Gaviria no solo fue un buen teórico, fue igualmente un hombre de acción. Carlos Gaviria se decía un liberal en el sentido filosófico de la palabra, heredero de las ideas de la revolución francesa y defensor de la triada LIBERTAD, IGUALDAD Y FRETERNIDAD, por esa razón en muchos de sus fallos defendió el derecho a un tipo de solidaridad y filantropía que puede producir vértigo incluso a los libertarios más radicales, miremos algunos de sus idearios en las sentencias de la cuales fue su Magistrado ponente: Segundo ideal: Un profundo amor por la Libertad. Entre 1993 y 2001, Carlos Gaviria, fue Magistrado de la Corte Constitucional, llegando a ser presidente de ésta en 1996, sería motivo de un tratado analizar las múltiples sentencias donde Carlos Gaviria expresa su profundo amor por la libertad personal, de conciencia, de cultos, de pensamiento de opción sexual y política. Para mencionar solo una de sus sentencias sobre este tema en la sentencia C – 221 de 1994 donde señala:« Que las personas sean libres y autónomas para elegir su forma de vida mientras ésta no interfiera con la autonomía de las otras, es parte vital del interés común en una sociedad personalista, como la que ha pretendido configurar la Carta Política que hoy nos rige. Si el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene algún sentido dentro de nuestro sistema, es preciso concluir que, por las razones anotadas, las normas que hacen del consumo de droga un delito, son claramente inconstitucionales”. Esta sentencia plantea que las personas son libres, sin afectar a los demás, no solo de decidir consumir algún tipo de droga psicoactiva sino además, la persona que la consume está en la libertad de no realizar ningún tratamiento para su rehabilitación. Se podría decir, ¿que el hombre tiene un derecho a la autodestrucción? CONTINUARA:…..II.- IGUALDAD, SOLIDARIDAD Y DEMOCRACIA.
La Corte Constitucional y su compromiso con el país: LA UNIVERSIDAD LIBRE Y LA INSTITUCIONALIDAD (DECLARACION I)
Nicolás Enrique Zuleta Hincapié Rector Nacional El comportamiento social de los seres humanos debe estar orientado por la recta razón y su voluntad inquebrantable de actuar pensando en el bien común. En las primeras etapas de la formación del pensamiento filosófico, la ética Aristotélica, ya había ocupado la construcción de un sistema de valores en el bien común como principio organizador de las relaciones entre los sujetos, y la búsqueda del equilibrio, el justo medio entre el exceso y el defecto para alcanzar la virtud en las acciones como fruto de la elección libre y autónoma a la que se obliga el sujeto. Siglos más tarde, en la ética Kantiana, esos postulados se representan en la ética de la buena voluntad a la que el sujeto se obliga como principio y sustento de sus acciones. La voluntad del sujeto es un deber, un imperativo que lo obliga en pleno ejercicio de su liberalidad. Su responsabilidad surge de manera autónoma con base en su voluntad racional. En este orden de ideas, la Universidad Libre, desde su alba, viene cimentando en su comunidad académica principios democráticos que redundan en la ética profesional como aporte al país. Teniendo en cuenta esos presupuestos, con ocasión de las recientes denuncias sobre el presunto comportamiento indebido de un magistrado de la Corte Constitucional, que no solo mina la confianza ciudadana, su legitimidad y prestigio, sino el aparato judicial en su conjunto, la Universidad Libre expresa a la opinión pública que: La Corte Constitucional, desde su institucionalidad, ha sido la garante del Estado social de derecho, protectora de los derechos fundamentales y de los sectores más vulnerables. La Universidad Libre, conforme a sus principios fundacionales y misionales, condena todas las formas de corrupción en la administración de justicia, las acciones u omisiones que propicien o faciliten la deshonestidad y aquellas que agravien la credibilidad e independencia de los jueces. En situaciones de grave dificultad como las que hoy vive el país, hay que preservar la institucionalidad y actuar con sabia serenidad para que los procedimientos de reforma constitucional o legal no sean meras fórmulas para superar una crisis, sino un desafío conducente a fortalecer a la corporación de justicia que desde su creación ha gozado del mayor respeto y credibilidad entre los ciudadanos. El prestigio y reconocimiento de la Corte Constitucional se ha logrado con el trabajo honrado, juicioso, abnegado de magistrados, funcionarios judiciales y administrativos, que han hecho tangible el Estado Social de Derecho, reales los derechos fundamentales y exaltado en su dignidad a los sectores vulnerables. CONTINUARA:….LA UNIVERSIDAD LIBRE Y LA DEFENSA DE LOS VALORES……
Reforma política para principiantes
Horacio Serpa Todos los medios de comunicación tratan el tema de la Reforma Política de Equilibrio de Poderes, pero muchos no entienden. No tienen por qué saberlo, pues no son abogados ni están vinculados a la política ni se han educado en cuestiones de gobierno. Lo que más me preguntan es del Tribunal de Aforados. Van estos comentarios sencillos para tratar de explicarlo. Estado es el conjunto de Entidades que permiten el funcionamiento de la comunidad. Su capacidad reguladora se llama Poder Público y está dividido en tres áreas: el Gobierno (Rama Ejecutiva), el Congreso (Rama Legislativa) y los Jueces (Rama Judicial). Estas tres Ramas son independientes pero deben trabajar coordinadamente. Para que ninguna de ellas sea superior a las otras se establecen controles, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia juzga a los Congresistas y estos juzgan a los miembros de la Corte, llamados Magistrados. El juzgamiento de los Magistrados lo hace la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pero no ha funcionado. La llaman Comisión de “absoluciones”. Hay impunidad, es decir, los delitos ni se investigan ni se sancionan. Por eso se está creando otra integrada por expertos juristas, no de congresistas como ahora, para que investigue las conductas de los altos funcionarios y si las encontrare ilegales le pida a la propia Corte que sancione al infractor. Si considera que el comportamiento del togado (Magistrado que usa toga) ha sido bochornoso, debe acusarlo ante el Senado para que lo sancione por indignidad, una pena por la cual el funcionario es destituido de su empleo y queda expuesto al reproche ciudadano. Esta tarea la hará la Comisión de Aforados (ya no se llamará Tribunal). Los altos funcionarios del Estado, Magistrados, Ministros, Congresistas, incluidos el Fiscal, el Procurador y el Contralor, son juzgados por Jueces de alta jerarquía. No es un privilegio sino una garantía. Se considera que un Juez de menor rango podría estar sujeto a presiones sobre sus decisiones o no tener la suficiente formación o buen juicio para aplicar justicia correcta a un funcionario de mucha importancia. Eso se llama tener fuero y quien lo tiene es un aforado. A un Ministro, por ejemplo, no lo puede juzgar un Juez Municipal sino la Corte Suprema de Justicia. La Comisión de Acusaciones se acabará, pero se considera que el Presidente de la República es un empleado especial porque es elegido popularmente y tiene complejísimas funciones. El Congreso lo seguirá juzgando políticamente, para que examine si sus comportamientos fueron indignos de tan alta investidura. Si además se consideraren violatorios de la ley penal, la Corte Suprema tendrá la obligación de sancionarlo. Ni explicándolo de esta forma es fácil entenderlo. Se trata de mejorar las cosas para que la Justicia no sea solo para los de ruana. Si el Presidente, Los Ministros, Los Congresistas y los Magistrados delinquen, deben ser sancionados. Los funcionarios públicos tienen responsabilidades adicionales, así sea el Presidente. Si no las cumplen, hay que condenarlos, como debe ser. ¡Ojalá!
Edadismo: Muerte Social
Marta Saenz Correa Mis queridos lectores, es posible que a muchos de ustedes les ocurra igual que a mí, que no les suene el término edadismo. En palabras sencillas, las personas después de cierta edad no son tomadas en cuenta porque se cree que ya no son capaces de desempeñarse correctamente en un cargo. Este es la tercera forma de discriminación más frecuente después del racismo y sexismo y se presenta usualmente en el ámbito laboral. El edadismo es la discriminación por edad que le cierra la puerta a cientos de personas en el campo laboral porque tener tantos años les hace inservibles y pocos capacitados para desenvolverse bien. En nuestro país es más importante tener una persona joven que trabaja a menor costo, porque se le puede exigir más, tiene más tiempo disponible y supuestamente más ganas de aprender, aunque con menos experiencia; además, porque las personas mayores cobramos más debido a todo lo que hemos hecho y aprendido. Son muchas las situaciones que permiten detectar estilos edadistas, como el uso cotidiano del lenguaje para referirse a las personas mayores, que se caracteriza por términos y expresiones como los abuelos, los jubilados, o los viejos. La discriminación por edad supone una percepción negativa de las personas mayores, normalmente por parte del resto del grupo que los rodea, pero también por el propio colectivo de mayores. Esta percepción negativa incluye ideas como enfermedad, dependencia, deterioro, y la mayoría de las veces no corresponden con la realidad. Los jóvenes consideran que los cambios que trae con sigo la vejez son indeseables e inconscientemente rechazan el proceso de envejecimiento. Estas ideas no surgen al azar, sino que son producto del tipo de sociedad en la que vivimos, en la que la productividad y el consumo tienen gran importancia y en donde el principal recurso para su funcionamiento es la población joven. La presencia de creencias edadistas pueden tener consecuencias tanto para las personas mayores como para los profesionales que trabajan con ellos, como la pérdida prematura de independencia, mayor discapacidad, mayor índice de depresión, ansiedad, reducción del sentimiento de autoeficacia, disminución del rendimiento, y estrés. Para minimizar esta práctica discriminatoria se requiere por parte de las empresas inversión en políticas de diversidad que permitan incrementos en la creatividad, mejora de la imagen y clima laboral, mayor productividad, compromiso y cohesión interna. La mayoría de las empresas sim embargo, no invierten en estos temas ni utilizan sistemas de evaluación de impacto de las políticas de diversidad. Para prevenir el edadismo se tienen que producir cambios en los sistemas que lo perpetúan, tales como los medios de comunicación, la cultura, las instituciones, y el gobierno. Para ello, resulta necesario realizar políticas de intervención que incluyan el diseño e implantación de programas dirigidos a reducir el impacto de las ideas y actitudes edadistas, y la formación de las personas mayores, que les permitan mejorar su salud mental y adquirir mayor independencia. Estos programas deben vincular a las familias, dado que, si estos programas no tienen en cuenta la presencia en las familias de actitudes edadistas como las comentadas, los programas no serán efectivos. No debemos olvidar que el mayor es solo mayor, nada más, y la vejez no es una enfermedad o discapacidad. Por lo cual, no se justifica les tratemos como si fueran niños pequeños a los que hay que hablarles despacio y a todo volumen como si fueran sordos. El mayor sigue siendo la misma persona, con sus características particulares, sus virtudes, sus defectos, suyas y no generalizables. Y sobre todo, siempre con su dignidad. Enseñemos a nuestros niños a querer y respetar a nuestros mayores y no discriminarlos.
COLCIENCIAS: II. APARIENCIA DE LOS ANUNCIOS.
Por: Kristian Orlando Ríos C. Se ha hablado de los continuos cambios de dirección de la institución. En lo que va de los dos gobiernos del Presidente Santos, ningún director de Colciencias ha durado en el cargo más de dos años. En alguna ocasión más o menos reciente, la interinidad fue casi igual de breve que el nombramiento en propiedad que le siguió; un debout y despedida casi simultáneos. Más se tarda una administración en concebir y gestar un conjunto de estrategias y acciones, que otra en llegar a imponer su nuevo ritmo, su nueva visión y su horizonte distinto. El que llega, dispone de un tiempo muy corto para cosechar los frutos de cualquier esfuerzo. Termina siendo más importante lograr una apariencia de que se está haciendo algo positivo – lo que sea que ello fuere – , que lograr las transformaciones que se necesitan. Al sumar los logros para el país en un conjunto de tres o cuatro administraciones sucesivas, es difícil identificar una visión de Estado digna de tal nombre o cualquier avance importante en alguna dirección concreta. Pese a tantos cambios no se sale de lo mismo de siempre; de las mismas convocatorias, las mismas demoras, las mismas inversiones pequeñas con los mismos impactos pequeños; de las mismas discusiones inacabables respecto a la clasificación de los grupos y la indexación de las publicaciones; de los mismos dos o tres proyectos financiados por cada cien proyectos elegibles. Al final no tiene mayor importancia si la dirección la asume una persona u otra porque en el fondo, todo sigue igual a pesar del estilo o la visión. Lo único que cambia son los anuncios y los nombres de los anunciantes. “Es tiempo de volver” se anunció con bombos desde la ciudad de Boston, prometiendo generosos salarios libres de impuestos, tiquetes, acomodación, financiación de los proyectos, entre otros beneficios. Se quiso quedar bien con todo el mundo en el momento de hacer el anuncio como si no hubiera un mañana para cumplir lo prometido. El discurso del Presidente Santos para el lanzamiento de “Es tiempo de volver” puede leerse aquí Esa cultura del anuncio para quedar bien en un momento, y prometiendo para no cumplir, se ha vuelto norma y costumbre, también en el manejo de la promoción de la Investigación y la Ciencia. Esto sucede en frente de todo mundo y a nadie parece importarle. Se anunció la reestructuración de Colciencias a más tardar para mediados de 2013, el traslado de la sede de la entidad al campus de la Universidad Nacional en Bogotá; el que Colombia sería el primer país en producir y comercializar el agua con nanonoburbujas que a su vez anunciara Rodolfo Llinás. Y dentro de los anuncios más recientes, está el que hicieron el Presidente Santos y la actual Directora de Colciencias Yaneth Giha en diciembre pasado, en el sentido de continuar con la Expedición Botánica del sabio Mutis, que buscaría revolucionar el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el país. Si bien se trató de un anuncio mucho menos rimbombante que el que tuvo “Es tiempo de volver”, la cosa prometía ser la empresa científica más importante de esta década en el país. Hoy, el anuncio ha sido condenado al olvido como todos los demás anuncios. Con una inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación del 0,17% del PIB, Colombia está en niveles comparables a los de Burundi, Gambia o Mongolia. A pesar de que está muy claro que Ciencia y Tecnología sostienen la competitividad de un país, está muy difícil decir que para el Estado colombiano, la Ciencia (y de paso, sus investigadores) constituyan una prioridad.