En la última década la Rama Judicial se ha visto envuelta injustamente por hechos bochornosos de ciertos miembros que han escandalizado a la opinión pública. Porque ciertamente tales hechos son comportamientos reprochables a sus responsables y no a la institución misma, tal como ha acontecido con el crucero turístico de la expresidente de la Corte Suprema, la implantación de la prueba giratoria de los expresidentes de la misma Corte y del Consejo Superior (afortunadamente cerrada por el Consejo de Estado), la utilización de vehículos del Estado por el hijo de un expresidente la misma Corporación, y la dilación judicial y electoral correspondiente al Consejo de Estado.
Sin embargo, el reciente escándalo del supuesto tráfico, favorecimiento y soborno al expresidente de la Corte Constitucional Dr. Jorge Pretel, ha sido el de mayor impacto en la opinión pública, porque ha sido de tal magnitud, que, al margen de la Carta Política, no solo ha provocado la petición de renuncia al magistrado por parte del Gobierno, los demás miembros de la Corporación y algunos miembros del Congreso, sino que también ha indignado a la misma sociedad. Más aún, dicho fenómeno ha dado lugar al bienvenido anuncio presidencial de una reforma que facilite la separación de estos funcionarios en casos como los mencionados, ojalá sin perturbación política o desestabilizadora del recto y pacífico ejercicio de la función judicial.
Pero como quiera que estos escándalos no solo afectan la imagen, sino también la credibilidad de la justicia y la democracia que sustenta, resulta extraño que el sector político, la opinión nacional y la de los medios de comunicación social, solamente se limiten a restaurar la imagen, y no hayan puesto en evidencia las causas que probablemente hayan propiciado dicho deterioro de la credibilidad judicial, de las cuales se destacan las deficiencias en el servicio y el sistema de selección y permanencia del recurso humano, así como la significativa politización de la justicia.
En efecto, la mayor degradación de la credibilidad de la administración de justicia ha descansado en la total desprotección del usuario, razón por la cual este último ha perdido gran parte de la credibilidad institucional, no solo por la falta de acceso, por la desconfianza o inoperancia, sino también por la falta o por la morosidad en la adopción y ejecución de las decisiones oportunas, que resuelvan definitivamente el asunto sometido a su consideración. Por ello, la mayor parte de la sociedad se pregunta: ¿Habrá compromiso del Estado para que haya justicia para todos, o solo para unos?
De igual manera, la opinión pública, la academia y el sector profesional observa que la forma de cómo se han venido integrando las listas para la elección de Magistrados de Altas Cortes no solo han alejado a reconocidos juristas de las distingas regiones, sino que también han propiciado un sistema semicerrado de miembros de la Rama Judicial con intereses burocráticos y salariales, mas no institucionales. Y lo mismo puede decirse del régimen de carrera judicial, que si bien ha cumplido cabalmente su función en la selección del personal idóneo para administrar justicia, también lo es que ha dejado de cumplir su misión, de permitir el acceso a nuevas generaciones, de hacer una evaluación por eficiencia y calidad y de garantizar la promoción y ascensos periódicos, teniendo en cuenta la pronta y cumplida justicia a lo que están obligados. Además, la inmovilidad de la carrera judicial se ha convertido en la vitalicidad de los funcionarios judiciales, con poco o ningún progreso personal y funcional. De allí que también surja este interrogante: ¿habrá compromiso del Estado para hacer digna a la Rama Judicial no solo en cuanto a sus miembros sino también en cuanto al servicio efectivo que debe prestar a la sociedad?
Así mismo, si bien en el proceso de reforma se ha reconocido el carácter perturbador de la intervención de las Altas Cortes y de los Tribunales en la integración de las ternas de procurador y contralores nacional, regionales y locales; en cambio se ha guardado silencio sobre la forma desacertada como ha venido interviniendo la clase política en la conformación de las Altas Cortes, especialmente en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria y en la elección de los Magistrados de la Corte Constitucional, candidatizados por el Presiente de la República, y en el proyectado “Tribunal del Aforado”. Porque en estas participaciones también ha existido un criterio dominantemente político no solo en su selección y elección, sino también en el ejercicio de ciertas funciones judiciales, que, por esencia, debe ser imparcial y ajena a conveniencias políticas.
Por eso, es justificable la siguiente preocupación de la sociedad: ¿Habrá compromiso del Estado de subordinar la justicia a los intereses políticos o de mantenerla para la defensa de todos los intereses sociales, especialmente los más vulnerables?
Luego, la opinión pública ordenará si el rescate prometido es verdadero o nó.
