El caso de La Escombrera ¿La verdad germinará del fondo de la tierra?

El CASO DE LA ESCOMBRERA, ¿LA VERDAD GERMINARA DEL FONDO DE LA TIERRA…? Luis Alfonso Fajardo Sánchez Los medios de comunicación han registrado recientemente los renovados esfuerzos de la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía General de la Nación, entidades que están decididas a exhumar el sitio denominado La Escombrera, ubicado en la Comuna 13 de Medellín, donde desde los años 80, según los testimonios recibidos, fueron asesinados por lo menos 300 personas, cuyos restos, muchos de ellos decapitados y desmembrados, están enterrados bajo 24.000 metros cúbicos de escombros. La Escombrera es uno de los cientos de sitios donde la verdad de la crueldad de esta guerra permanece enterrada. De acuerdo a información publicada por el diario el Tiempo, el 27 de Julio, esta fosa común fue creada por Pablo Escobar y luego utilizada por la llamada “oficina de Envigado”. Las víctimas son civiles que fueron señalados de ser combatientes de las Farc, Eln, Epl, Auc, narcotraficantes o miembros de los llamados “combos”. Esta podría ser la fosa común urbana más grande del mundo, otro triste record para nuestro país en materia de derechos humamos. Desde diciembre del 2013, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín había ordenado cerrar la Escombrera de Medellín para impedir que llegaran nuevos desechos que dificultaban aún más la búsqueda de desaparecidos, medida que se hizo efectiva este año. La Fiscalía ha sistematizado información de varios de los postulados de la Ley de Justicia y Paz quienes han identificado este sitio como el lugar donde muchos grupos arrojaban los cuerpos sin vida de sus víctimas. El Tribunal señalo en el 2013. “El Bloque Cacique Nutibara se instaló en dicho lugar y no solo lo utilizaron como base, sino que allí enterraron a sus víctimas, y están sepultadas bajo cantidades de escombros”. La Corporación Jurídica Libertad señala que muchas de estas personas que se hallan enterradas en este lugar, fueron resultado de las operaciones militares Orión, Antorcha y Mariscal en 2002, donde según esta Corporación, “la Fuerza Pública junto con paramilitares retomaron el control territorial que habían perdido por la incursión en la zona de grupos armados como CAP (Comandos Armados del Pueblo), Farc y Eln”. En Julio de 2015, la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra el ex – comandante del Ejército, General Mario Montoya Uribe, quien comando la Operación Orión, por su presunto conocimiento en episodios relacionados con los mal llamados “falsos positivos”. El caso de la Escombrera es una evidencia más de lo que sucede en todo el país, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ha reportado que ha exhumando más de 4700 fosas que han sido señalas por los paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, pero las cifras parece ser muy superiores. Los cuerpos hallados en dichas fosas ya superan los 5.900. Cada día se encuentran nuevas fosas comunes, en enero de este año se realizaron diligencias judiciales donde se pudo verificar la existencia de numerosas fosas comunes en Buenaventura (Valle) y Bocas de Satinga (Nariño). Igualmente, la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación, señala en un estudio presentado en febrero de 2015 que las labores de exhumación de fosas comunes han sido más intensas en las poblaciones de Antioquia (992), Magdalena (657), Meta (494), Putumayo (472) y Córdoba (392), donde los peritos descubrieron numerosos despojos humanos. El 7 de agosto de 2015 El Espectador tituló una de sus investigaciones periodísticas bajo el nombre de “Un camposanto llamado Colombia” donde analiza la tragedia de esta realidad que viven miles de familias colombianas y resume un informe reciente de la Fiscalía sobre el tema de las fosas comunes, “El informe, conocido por El Espectador, señala que, del total de cuerpos exhumados, 2.027 (34%) no han sido identificados, 1.017 (17%) se encuentran en proceso de ser identificados y 2.934 (49%) ya tienen nombre y apellido. De hecho, todos los identificados han sido entregados a sus familiares, quienes han esperado años para darles sepultura” La verdad sobre estas acciones de extrema crueldad no puede seguir bajo tierra y en el olvido, debe germinar para hallar el camino de la paz y la reconciliación. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, señaló con motivo del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas el 24 de marzo de 2015 «El derecho a la verdad, que es a la vez un derecho individual y colectivo, es esencial para las víctimas, pero también para la sociedad en su conjunto. El esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos del pasado puede ayudar a prevenir los abusos de los derechos humanos en el futuro.»

Defensasa nacionales ¿Sinceridad y perversidada?

A raíz de los recientes hechos de la deportación de colombianos del vecino país de Venezuela hacia la ciudad colombiana de Cúcuta, los medios de comunicación social han mostrado la crudeza del drama y la tragedia humana que ello representa, que, desde luego, merece el repudio nacional e internacional, tal como efectivamente se ha hecho. Además, dichos medios han mostrado, sin mayores reflexiones, las declaraciones de la dirigencia de uno y otro país, haciendo defensa de sus nacionales. Así, por ejemplo, mientras en Colombia el Presidente Santos aboga por el “respeto a la dignidad de los colombianos” y el exPresidente Uribe se solidariza con los deportados y crítica al Presidente Maduro del vecino país; este, a su turno, con el apoyo del Presidente de la Asamblea Nacional, Diodado Cabello, justifican la medida como una liberación del sicariato y la necesidad del cierre de la frontera. Sin embargo, este observatorio echa de menos que los medios de comunicación no orienten a la opinión pública sobre el carácter de los propósitos que persiguen unos y otra declaración. Es decir, si hay sinceridad o perversidad en ellas, bien porque se acomoden a la verdad, o porque, por el contrario, aparenten tomarse como verídicos, o que teniendo este carácter se utilicen con intención malsanas. Pues, de haberse tenido en cuenta se habría llegado a la conclusión no solo de la indignación nacional por los atropellos, sino también al rechazo de las defensas corruptas o perversas. Porque tales posiciones emplean la difusión de los medios de comunicación no tanto para exaltar el verdadero drama humano y humanitario, ni para llamar sinceramente la atención mundial sobre la deportación masiva, sino más bien para ocultar perversamente dos cosas: De un lado, la incompetencia de ambos gobiernos para prevenir y dar solución a los graves problemas de fronteras, como son la pobreza, el desempleo, el contrabando, el tráfico comercial, el paramilitarismo, el tráfico de drogas, la crisis económica, el desabastecimiento, etc.   Y, del otro, para ocultar también el aprovechamiento político que las clases políticas y la de los dirigentes de uno y otro país, hacen para su beneficio de imagen y de rédito electoral de fin de año. Se trata, en verdad, una vez más, de una manipulación política censurable de la dignidad humana de los nacionales, que nada contribuye a su solución de fondo. Por lo tanto, es la hora que los medios de comunicación social asuman oportunamente, y no de manera tardía, su papel de control social ético de la dignidad humana y, ante todo, de la defensa sincera de la misma.