Si bien es cierto que con la eventual firma del acuerdo de paz, tan solo se pone fin al conflicto armado, también lo es que, a partir de este momento, debe asumirse el reto de comenzar un proceso que, con independencia de las diferencias políticas, nos conduzca a la construcción de un nuevo orden social que permita a los desmovilizados de la guerrilla, no solo la incorporación a la sociedad civil, sino que también facilite la reconstrucción de las relaciones que le otorguen confianza y protección plena a la sociedad civil colombiana, de que habrá una mejor convivencia y un mayor progreso.
Por ello, resulta indispensable, de una parte que, fuera de los compromisos políticos de las regulaciones que desarrollen los acuerdos, también existan operadores imparciales, comprometidos e idóneos que den ejecución a las diversas materias de los acuerdos de paz con las garantías de convivencia y seguridad que requiere tanto los reincorporados como la sociedad civil; y, de la otra, que se construyan una reglas que, ojalá, deriven en un nuevo orden social protector de todos los colombianos. Un nuevo orden donde las causas de las tensiones sociales, distintas a las del conflicto armado, que usualmente se presentan en estos países, por ineficiencia en el manejo de problemas sociales se prevengan, minimicen o superen oportuna y civilizadamente, a fin de evitar la presencia de injustificadas protestas, paros, confrontaciones, bandas criminales y actos violentos, causados por inoperancia de los operadores estatales encargados de una solución.
Así mismo, dicho nuevo ordenamiento también debe garantizar no solo la participación de sectores con otras y nuevas alternativas de orientación social y de oposición social y política, sino también su actuación dentro de los cánones de la democracia, esto es, dentro de la libertad de la expresión, la libre opinión y crítica responsable, así como de la atención debida de la democracia. Pero una participación alejada del terror, la violencia, la exclusión, la extorsión, el chantaje, la manipulación, la presión, la corrupción y el irrespeto a las demás agrupaciones sociales y políticas.
Así de esta manera, comenzaremos a sentar las bases de una reconstrucción social, incluyente y justa para beneficio de la convivencia de todos los colombianos, que facilite a todos los sectores la construcción de una sociedad más igualitaria y en pleno progreso en beneficio de todos.
