Con ocasión de la posibilidad de que la ley estatutaria de la JEP sea objetada y con el escándalo de la captura de uno de sus fiscales de la JEP por corrupción, no solo se abre la posibilidad de que sea modificada sino que sea hecha trizas esa justicia especial.
Pero igualmente surge la oportunidad para analizar la debilidad o fuerza institucional de dicha Rama y para poder resaltar la fortaleza que tiene la rama judicial del Estado como baluarte de la democracia colombiana.
Para ello, basta con recordar cómo la clase política, en venganza contra la Rama Judicial que por inconstitucional le había tumbado la reforma constitucional, no solo contribuyó a su fraccionamiento en cuatro Altas Cortes en la Constitución Política de 1991 (la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura), sino que también ha contribuido a su descrédito frente a las demás Ramas del Poder Público.
La misma conducta también se ha adoptado cuando en reacción a la investigación de la parapolítica, uno de sus prominentes dirigentes, mediante abierta oposición, procedió al descrédito de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, lo cual se agudizó con la investigación de muchos dirigentes del Centro Democrático; pero de lo cual salió airosa la justicia ordinaria, con la demostración de su independencia y fallos en derecho.
Así mismo, cuando lamentablemente algunos miembros de esa Alta Corte aparecieron y están vinculados a actos de corrupción y cuando estos han sido empleados como instrumento de descrédito jurisdiccional, la sociedad ha comenzado a entender que estos casos, además de ser aislados, no comprometen a la Rama Judicial, y mucho menos a esas instituciones y a los demás miembros.
No obstante lo anterior, el mismo movimiento político, no solo ha manifestado su oposición política al acuerdo de paz y concretamente a la justicia especial para la paz (JEP), sino que también ha aprovechado políticamente el episodio para acrecentar el descrédito de ese Tribunal y de toda la justicia en general.
Sin embargo, a pesar de las falencias humanas y de la falibilidad de ciertos jueces, magistrados y fiscales y de su distorsión mediática, se mantiene la solidez y fortaleza de la Rama Judicial.
Pero ello se debe fundamentalmente, de un lado, a la autonomía e independencia de sus órganos de la clase política, exteriorizada en el proferimiento de sus providencias, y, del otro, en su compromiso con el Estado social de derecho, manifestado con la aplicación estricta del derecho en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
De allí que el actual quebranto de la credibilidad de la JEP debe rescatarse con similar comportamiento de fallos en derecho, como lo aguarda la sociedad.
