Los apegos nos debilitan

Por: Marta Sáenz C. Soy asidua lectora de los libros de Jaime Jaramillo, y Volver a lo Básico, es uno de esos que he leído en varias ocasiones y que disfruto cada vez que lo leo. El libro contiene un capítulo especial relacionado con los apegos, que considero de vital importancia y que les voy a compartir a continuación. En él, el autor afirma que todo esfuerzo por tratar de aferrarnos a algo o a alguien nos debilita, nos hace sentir desgraciados, porque tarde o temprano desaparecerá. Apegarse a algo ilusorio, transitorio, o incontrolable es el origen del sufrimiento. Podemos perder fácilmente lo que hemos adquirido o creemos poseer, porque todo es efímero. Desde temprana edad nos enseñan a ser poseedores de cosas, poderosos, manipuladores, deseados, admirados o aprobados. Allí radican nuestras angustias y frustraciones. No lograr aquello que deseamos nos perturba y nos roba la felicidad, la paz interior, y el deseo se convierte en apego. El problema del apego es buscar infructuosamente la felicidad en un agente externo, sea en un objeto, una circunstancia o una persona, y al creer que lo encontramos y nos aferramos a él perdemos autonomía, libertad y paz interior. De ahí se deriva una gran desilusión y como consecuencia final la depresión. Cuando aceptamos el apego en nuestras vidas, depositamos nuestra felicidad en manos de otros. Ya no depende de nosotros ser felices y empezamos a vivir condicionados,  nuestras vidas se basan en tener y no ser, estamos siempre preocupados por lo que piensan los otros, no somos felices si no tenemos todo lo que deseamos, y no podemos ser felices si prescindimos de lo que ya tenemos. El apego es control y posesión. El apego se nutre del miedo y cuando este reina en nuestro corazón todo se ve distorsionado. El temor a perder la comodidad, el bienestar o el placer hace que nos engañemos y de paso nos sacrifiquemos para vivir en una supuesta armonía con una falsa ilusión de estabilidad es el causante de tantos malentendidos, acompañados de baja tolerancia y frustración. El verdadero problema no es querer, amar o desear; el problema radica en querer a toda costa, amar con dependencia y permanecer adheridos a eso que nos obsesiona. Es importante aprender a  vivir sin apegos, por ello cuando amas lo que haces y haces lo que amas, sientes pasión y amor por todo lo que realizas, disfrutando de tu paz interior que te inmuniza del virus del apego, te abres a experiencias totalmente diferentes y tu energía fluye  y se canaliza a otras direcciones. Ser posesivo y manipulador es muy diferente de ser independiente y desprendido, pero responsables con los seres queridos. Esto no significa que los vas abandonar o a despreciar; por el contrario, los vas a integrar, disfrutar y amar a plenitud, sin los condicionamientos y límites del ego. No centres tu atención en las cosas que no tienes, concéntrate y disfruta lo que tienes en este momento. Si aprendes hacerlo, confirmarás que es todo lo que necesitas para ser feliz. Si sabes que puedes  perder fácilmente tu bienestar, tu riqueza y tu pareja, lo disfrutarás mientras te dure, y dejarás todas las prevenciones. Disfruta del amor real que es espontáneo, osado, imprevisible y fluye libremente. Se autosuficiente, no seas cómodo, ni recostado; deja de jugar el papel de parásito y desprenderte de todas esas ataduras que no te dejan actuar espontánea y eficientemente para conseguir tus metas.  

El suicidio en los centros penitenciarios en Colombia… Bajo sospecha

Por: Luis Alfonso Fajardo Sánchez Ph.D Al estudiar la grave crisis penitenciaria y carcelaria que ya cumple más de cinco décadas en nuestro país, poco o ningún estudio se ha referido al creciente número de “suicidios” que ocurren en los centros penitenciarios y carcelarios. Es deber del Estado proteger la vida y la integridad de las personas que se encuentran bajo su custodia. Las personas privadas de la libertad son un grupo social en situación de altísimos niveles de vulnerabilidad. Existen una gran cantidad de procedimientos para la prevención de conductas suicidas, es obligación del Estado colombiano implementarlas y evaluar su eficacia. El INPEC ha avanzado en una normativa que recoge, en parte, estás técnicas, pero a pesar de este aspecto formal, existe poca sensibilidad hacía esta problemática dentro del personal de guardia y custodia así como entre los directores de los centros penitenciarios y carcelarios de Colombia Los suicidios son una realidad en todos los sistemas carcelarios. El hecho de internar a una persona en un medio cerrado del que no podrá salir por voluntad propia, con todas las consecuencias que esto supone, puede conllevar un fuerte impacto en su equilibrio mental y emocional (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2011), además debemos tener en cuenta la realidad penitenciaria en Colombia donde las personas que ingresan a estos establecimientos son además re-victimizadas de muchas formas físicas y psicológicas por los otros internos más antiguos, los llamados “caciques o jefes de patio”. Independientemente de las circunstancias, todos los seres humanos tienen derechos, de los que no se les puede despojar sin justificación legal. Las personas detenidas o privadas de la libertad pierden de manera temporal por mandato legal el derecho a la libertad. (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1998), lo cual no justifica que se vean limitados o pierdan sus demás derechos y en ningún caso, el derecho a la vida que el estado debe garantizarle al interno o recluso. Se señala por parte del INPEC que la mayoría de suicidios suceden por que las personas presentan enfermedades psiquiátricas. La sentencia del 23 de Abril de 2008, Radicación número: 15001-23-31-000-1994-04365-01(16186), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, reconoce la incorrecta prestación del servicio a la salud, con la que cuentan los reclusos, genera diversos inconvenientes no solo a nivel físico y ambiental, sino “además puede verse comprometido su comportamiento psicológico, al vivir situaciones indignas y tratamientos injustos frente a su particular condición, provocando no solo una situación perjudicial personal sino también para la comunidad.” Así las cosas y de acuerdo con la variación y valoración de los hechos donde estuvo en peligro la vida de un recluso, en los diferentes centros penitenciarios y carcelarios del país, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en la evaluación de diferentes casos y situaciones controvertidas, han evidenciado algunas fallas y problemas frecuentes del modelo penitenciario actual en Colombia. No se detecta de manera oportuna de conductas suicidas: Falta de medidas médicas especializadas que a pesar de estar ordenadas por la Ley no se realizan en la práctica, Poca vigilancia y custodia a los reclusos: Como medida preventiva y cuidados especiales ante un diagnóstico de conducta suicida, Hacinamiento: Perdida de control efectivo sobre los reclusos. La construcción de las cárceles colombianas no permiten en monitoreo continuo y eficiente de la totalidad de las instalaciones donde se hayan los reclusos, lo que puede traer como consecuencia situaciones de violencia física y sexual, Insuficiente detección en el ingreso de armas, sustancias ilícitas y peligrosas: Problemas de control, situación que debe ser resuelta por que afecta la vida y la seguridad de los internos y reclusos más vulnerables, Ineptitud de investigaciones internas: Manejo de función de Investigación Judicial. De acuerdo con las cifras analizadas y presentadas por el INPEC y el Instituto Nacional de Medicina Legal, durante el período de tiempo correspondiente entre el año 2008 y el 2013, las tasas de suicidio en establecimientos carcelarios y penitenciarios del país sin distinción de causas o hechos fueron las siguientes: Los resultados de ambas instituciones, son impactantes desde el punto de vista que el suicidio de personas privadas de la libertad durante el 2008 y el 2013, en promedio representan cerca del 0,8% de la estadística nacional, cifras que por otra parte acreditan que la implementación de prácticas y técnicas de prevención, protección y atención, siguen ejecutándose sin la planeación y acción operativa correspondientes para controlar la situación dentro de los establecimientos de reclusión del país. Por otra parte, las cifras suministrados por el INPEC reportan un mayor número de suicidios, que las cifras emitidas por Medicina Legal, lo que podría representar una controversia respecto del análisis y verificación de las causas de muerte de los reclusos del país realizada por el INPEC. Es decir, el INPEC puede calificar, de acuerdo a lo establecido en sus análisis investigativos, la muerte de un recluso como un suicidio o una muerte violenta, situación similar en Medicina Legal, donde el perito forense, de acuerdo a los protocolos propios de esta institución, elabora el informe de análisis forense del cuerpo determinando la causa de muerte. En conclusión, las prácticas y análisis de las dos instituciones son incompatibles principalmente debido a que las causas y evidencias corporales de los cadáveres, representan diferentes conclusiones médicas lo cual no parece grave y podía tener explicaciones aún más graves. Finalmente, los resultados son presentados en una escala general, disposición que no permite evidenciar el número o las cifras de tentativas o diferentes formas de conductas suicidas que no han sido consumados, estos datos fueron solicitados al INPEC para realizar una evaluación, respecto de la efectividad de los procedimientos y planes de atención y prevención, en cuanto a la gestión y desarrollo, que podría generar un impacto positivo frente a los reclusos que en algún momento manifestaron un pensamiento o una conducta suicida, pero no fueron entregados por la entidad. Todo lo anterior nos podría llevar a la pregunta ¿existe en estas cifras del INPEC “falsos suicidios” u homicidios que se presentan como “suicidios”?

El País que se hizo a tiros

Por: Horacio Serpa Así se titula un reciente libro del historiador Gonzalo España, en el que comenta nueve guerras civiles desde 1810 hasta 1903, con interesantes análisis que hacen caer en cuenta la desgraciada violencia que afectó a nuestro pueblo durante todo el siglo XIX. Advierte el escritor que a lo largo de la centuria ocurrieron también otros enfrentamientos mortales, sangrientos, destructores, que solo cesaron cuando terminó la guerra “de los mil días”, en medio de las peores desgracias. Entre estas, la pérdida de Panamá.   La primera guerra que describe el escritor santandereano se libró entre los criollos, tan pronto como se declaró la independencia. ¡Increíble! En cambio de consolidar la separación de la metrópoli, nuestros antepasados se agarraron a cañonazos porque unos eran centralistas y otros federalistas. Después de muchos muertos y de mucho horror, cuando pudieron librarse de los españoles se siguieron matando entre ellos, por cuestiones regionales, por color político, por religión, por la economía, por la producción, porque cada poblado quería ser independiente y tener su propia Constitución.   El siglo XX comenzó en la ruina total. Cada familia tenía sus historias y sus muertos. Las disputas políticas fueron escasas porque dominaba uno solo de los partidos, hasta 1930 cuando los liberales pudieron ganar aprovechando una división conservadora. Hubo violencia liberal contra los azules. En 1946 otra división aseguró el poder a los conservadores, que hicieron violencia contra los liberales. Se necesitó una dictadura y un pacto bipartidista para que rojos y azules dejaran de matarse. Pero ese Frente Nacional fue excluyente. En adelante los muertos serían por otras razones. Siguió la matanza.     Es la guerra del último medio siglo, que ahora se quiere detener. Ya se logró la paz con el M-19, el Epl, el Quintín Lame, el Prt, el Bateman Cayón, la Corriente de Renovación Socialista, y falta hacerla con las Farc y el Eln. Hay inconvenientes, oposición, intransigencias, mucha violencia todavía, pero hay que perseverar para terminar el horror de dos siglos de sangre. Si el recuento de Gonzalo España nos estremece, los sucesos del siglo anterior y estos últimos años de horror, de perversidades, de traiciones, deben hacernos reflexionar para que todos seamos militantes de la paz. Los dramáticos aconteceres de todas nuestras guerras y disputas violentas están representados en la desigualdad, el narcotráfico, la corrupción, la pobreza, el atraso político, económico y social que sufrimos. No hay excusas para seguir la guerra. De alguna manera todos estamos involucrados en ella y por eso todos tenemos obligaciones con la convivencia. Si la terminación de la subversión ha de firmarse en La Habana, vivir en paz depende del resto. Sería una vergüenza y la más solemne tontería dejar escapar la oportunidad. Está en las manos de todos.

Más que un perdón social

Cuando se habla de “perdón” en cualquier materia, especialmente en la legal, política o religiosa, suele surgir la inquietud sobre la suficiencia o insuficiencia de la medida. Así, mientras algunos han criticado el fenómeno de la pedofilia de los miembros de la Iglesia, es decir, de relaciones de abuso sexual de sacerdotes con niños y adolescentes; otros, por el contrario, han tratado de ocultarlo o de tolerarlo como una debilidad humana. Sin embargo, el “papa Francisco” ha tenido el valor de pedirle “perdón a algunas víctimas de abuso sexual” cuando eran adolescentes, como expresión simbólica del perdón que pide la iglesia, a la sociedad por todas las víctimas; y la Iglesia Católica Colombiana, reclama de la FARC la exigencia de petición de perdón a la sociedad (Tomado de el Tiempo del 14 de julio de 2014). Por lo que a esta última le corresponde valorar la suficiencia o no del perdón como forma de reparación. Ciertamente, es sabido que el perdón es aquel proceso mental del ofendido, en virtud del cual quien ha recibido una ofensa moral (el ofendido), con o sin trascendencia material (daño), en forma consciente y voluntaria (con amor, paz o tolerancia), olvida, absuelve o abandona, espontánea o provocadamente (por iniciativa del ofendido, o a petición del ofensor), hacer reclamación (emocional, sentimental o racional) de consecuencias materiales o morales perjudiciales (como la de hacer venganza, hacer daño, exigir sanción o reproche) contra el ofensor; con el propósito de facilitar síquicamente al ofendido la liberación (o sanación) de la atadura del efecto negativo de la ofensa (el sentimiento de venganza, odio, resentimiento, reproche, obsesión, etc.), y a fin también de permitir por parte del ofensor, el reconocimiento oportuno de la ofensa, el arrepentimiento y el compromiso de no repetición por parte del mismo. Ahora, como el ofendido siente y sabe que la ofensa moral cometida en su contra, lo ha sido conscientemente y por motivos injustificados, es por lo que el perdón que se da u otorga no exculpa, ni excusa, ni justifica la ofensa recibida, ni mucho menos exonera al ofensor de la responsabilidad legal (v.gr. civil, administrativa o penal) que le asiste, sino que con dicho perdón el ofendido simplemente se abstiene de hacer la reclamación moral pertinente. Por lo tanto, siendo así las cosas, surge la inquietud de saber que tan oportunas han sido aquellas peticiones institucionales de la Iglesia Católica cuando ya se han sacrificado o envilecido muchas personas, como ha ocurrido cuando en esta época se lamentan de los daños que en el pasado hizo la inquisición, como sucedió con la condena de galileo Galilei, etc.; o como cuando se han hecho las peticiones de perdón, después de los abusos sexuales de niños y adolescentes por los pedófilos. Además, que tan eficaces también han sido estas peticiones cuando, de una parte, tales peticiones, no provienen de los ofensores, y, de la otra, que tampoco hay arrepentimiento, y mucho menos garantía de no repetición de los ofensores, ni menos se solicita la aplicación de la justicia humana a éstos ofensores? Lo mismo podrá decirse del anunciado perdón que según se dice, pretende solicitar la guerrilla a la sociedad, porque, aunque esta lo conceda, su efecto no ha de ser otro que el no oponerse a su reincorporación civil en la medida que se recupere la confianza social; pero que, en manera alguna, conlleva la exoneración de su correspondiente responsabilidad, bien sea dentro de la justicia penal tradicional o de la justicia transicional, pues ella se sujetará a lo que se acuerde y sea refrendado por la misma sociedad colombiana. Por lo tanto, a esta corresponde decidir su futuro social inmediato.

EL 2015. ¿MAS ESCLAVITUD?

  Por: Javier Porto- Mesa de fritos-Cartagena Entramos a un año político con expectativas de avance social: La de paz en la Habana, y la de convivencia, en el mundo sin esclavitud, ni fanatismo. Pero tampoco hay que perder de vista a los enemigos de la libertad y a sus francotiradores. Sin embargo, los principios de libertad, igualdad y, ante todo, el de tolerancia y fraternidad que estrechan los lazos del género humano, y la existencia de muchos líderes, como el Papa Francisco, dan el ejemplo de esa expectativa de convivencia: Lo demuestra la promoción del acercamiento entre el imperio estadunidense representado en Obama y el Gobierno de Cuba de los Hermanos Castro, quienes, a pesar de su conocida ideología dieron el primer paso para mejorar sus relaciones y bajar el voltaje a la confrontación. Pero las antiguas y acomodadas generaciones de cubanos del sur de la Florida, representadas en el partido republicano, se oponen a esta decisión de los demócratas en cabeza del presidente de los EEUU, para no perder su confort y para seguir haciendo sus negocios. No les importa que sus compatriotas no salgan de esa pobreza, económica, alimentaria y espiritual, que soportan en su diario vivir.  Hoy en Colombia no solo estamos “sometidos” a una permanente confrontación política y constitucional, que en nada solucionan los problemas vitales de nuestra población, sino que también hemos llegado al colmo del paro judicial con todas sus consecuencias, como si estuviéramos en la época del medioevo y de la Santa Inquisición. Así lo demuestran las decisiones arbitrarias de los sindicatos de la rama judicial, del INPEC y de la Contraloría General de la nación al no reconocerle el derecho a una ex funcionaria como Sandra Morelli. Más aún, hemos llegado a extremos de tanta corrupción, odio e intolerancia, que solo los corruptos y los bandidos la profesan y la auspician para su provecho; y que, sin embargo, también perturban la conciencia y la visión de la gente de bien, porque no le permite ver su carácter perjudicial. Por esto, gran parte de la sociedad, en su ceguera, premia al que es esclavo del dinero, al que incumple su palabra y auspicia las triquiñuelas para meterle mano al erario público y luego rasgarse las vestiduras con un cinismo que deja perplejo a cualquiera. Tal actitud social sigue haciendo carrera entre nuestros dirigentes. Ejemplos hay muchos, como los de Interbolsa, los hermanos Nule, Saludcop, los contratistas de obras públicas, los mercaderes de la salud y ni que decir de la compra de conciencia en las elecciones prontas a realizarse, así como de los antecedentes de los aspirantes, para reemplazar a un gobernador o alcalde, quienes presentan como mérito el haber escapado del código penal con suficiente pericia, así como de la contraloría, la procuraduría y la fiscalía. Por ello, es por lo que la población cartagenera, compuesta por los ciudadanos de a pie, movida por la desesperanza terrenal, espera que el señor de los cielos haga su justicia divina, porque de otra manera es imposible. Igual cosa pasa en la ciudad amurallada donde lanzan programas de salud desde un club, disque el más encopetado, para socializar los programas a los barrios más necesitados de esa otra Cartagena. Pero esa misma sociedad empieza a darse cuenta, es decir, a tomar conciencia que la falta de solución de sus problemas, tiene como causa principal el control y la sumisión, como forma de esclavitud a la que los dirigentes públicos y sociales tienen sometida a la ciudad. Pues muchos de ellos no muestran interés y defensa por lo público, sino por el tráfico, el arribismo, el engaño y la manipulación. Es una herencia del antiguo imperio español, la cual abusivamente algunos erróneamente continúan cultivándola, educándola a través del ejemplo y tecnificándola. Pero la sociedad entera comienza a erradicarla con la protesta y con la reacción social contra quienes pisotean sus valores y dignidad. Así sucedió con la inauguración de una placa en memoria al Almirante Vernon en honor a los herederos del imperio inglés el príncipe Carlos y su esposa. En tanto que quien defendió el corralito de piedras Blas de Lezo lo mandaron al olvido. Tuvo que ser un ingeniero de origen antioqueño pero convertido en Cartagenero, después de 47 años de vivir en la heroica y degustar empanada de huevo con patacón, quien armado de una mona o gran martillo partió la placa por la falta de respeto a los ciudadanos cartageneros y por lo cual tuvo que pasar unas horas a buen recaudo, antes de que el alcalde de la ciudad tuviera penosamente que retirar la placa; placa de la cual también se vanagloriaba un exministro del interior, con familiaridad cartagenera, al dar las explicaciones del por qué se debía dejar la placa. Más aún, los historiadores actuales, encargados de la conservación y revitalización de la memoria histórica, inicialmente callaron hasta que se armó la grande en todos los medios del país por la “defensa de los valores históricos”; y fue así cuando tuvieron el valor de dar a conocer la realidad histórica que se viviò en Cartagena en esos momentos.  Otra esclavitud es la de los malos servicios públicos siendo la campeona las de los servicios de energía, pues se les quita a la gente cuando les viene en gana a los inversionistas españoles con consecuencias de toda índole, sin que los funcionarios se inmuten con nuestro dolor que llevamos años padeciendo. Y ni que decir de la esclavitud del deterioro del medio ambiente en pleno siglo 21, y más aún ahora con el cambio climático ad portas de que entre el fenómeno del niño que pondrá a padecer a nuestros congéneres. Porque los entes que controlan el medio ambiente se hacen como los de la canción de Shakira ciegos, sordos y mudos. En fin, hoy nuestra ciudad, llamada por el pintor, poeta e industrial Daniel Lemaitre, “el Corralito de Piedras”, rechaza totalmente y reclama responsabilidad contra la tolerancia de la trata y la explotación social, en la que a

Liberalismo, Unidad Nacional y candidatura presidencial

Por: Horacio Serpa El Partido Liberal ha asumido el reto de ser la vanguardia de las reformas esenciales que necesita el país. El marco en el que se realizarán será el de la paz. Si las farc y el eln renuncian a la lucha armada, será gran avance pero no suficiente. Necesario hacer la reforma rural agraria, por ejemplo, como la reforma educativa, la de la salud. Muy importante, inaplazable, modificar el modelo económico de desarrollo. Si no se hacen las reformas, a fondo, para transformar el país, muy poco será lo que gane la mayoría de los colombianos. Continuará la desigualdad, el desempleo, la discriminación y mala calidad de la educación, la destrucción de nuestra riqueza natural y la fragilidad del sistema de salud, con “paseos de la muerte”, tutelas, decrepitud de los servicios de urgencia, consultas tres o cuatro meses después de solicitadas y enormes despilfarros. No es lo que quieren los colombianos. No es justo. Los partidos políticos, con el compromiso de los demás estamentos sociales y empresariales, tienen la responsabilidad de los cambios. Si el Partido Liberal quiere subsistir y de nuevo volver a ejercer el liderazgo político, necesariamente tiene que optar por ser el principal agente de las transformaciones nacionales. Lo fue en otras épocas, cuando gozaba de la confianza y aún del delirio de la mayoría del pueblo. Hoy tiene de nuevo la oportunidad. Se ha propuesto que para las elecciones del año entrante la Unidad Nacional asuma el compromiso de presentar candidaturas conjuntas. Es una iniciativa viable que permitirá importantes victorias a los partidos amigos del gobierno del Presidente Santos. Con seguridad en muchos municipios y departamentos serán posibles los acuerdos, y en otros se establecerán reglas para que las campañas no se vuelvan pugnaces y desagradables entre fuerzas políticas amigas. Las elecciones del año entrante serán un reto especial para medir el prestigio del Presidente Santos y la solidez de su gobierno. También constituirán una oportunidad para Centro Democrático, empeñado en sumar a su sector dirigente muchos Alcaldes y Gobernadores. Otra vez, como hace 22 años, el tema de la paz y de la guerra incidirá en los resultados. Octubre de 2015 será la fecha de apertura para las elecciones presidenciales de 2018. Parece lejos, pero en política los tiempos transcurren a velocidades increíbles. Será una carrera de vértigo, entre los uribistas tratando de recuperar el poder y el Presidente Santos, con sus amigos, viendo la forma de mantener los acuerdos de paz, que para entonces ya deben estar aprobados y en plena ejecución. Al Partido Liberal le toca pensar con criterios de largo plazo. Para sacar adelante las reformas, que desde ahora debe volver un compromiso nacional, requiere que una mujer o un hombre de sus filas, de las nuevas generaciones, demócrata, con insobornables perfiles sociales, asuma la Presidencia de la República. ¿Quién? Por ahora basta con definir que en el 2018 habrá candidatura liberal.  

MEDIDAS PENALES DE ASEGURAMIENTO: II.- El uso de la detención preventiva como medio para alcanzar la seguridad ciudadana.

Por: Dra. Ana María Jiménez. Si bien es cierto que el Estado tiene la función intrínseca de resguardar la seguridad ciudadana de todas las personas bajo su jurisdicción, contrariamente a lo que comúnmente se piensa, esta obligación no está relacionada directamente con las medidas privativas de la libertad. Porque la seguridad ciudadana es una obligación permanente que se cumple con previsión de la criminalidad, vigilancia policial, combate a la delincuencia, seguridad ciudadana, cultura de seguridad, atención a las denuncias, aplicación oportuna de la ley o de la justicias, etc. En tanto que la privación de la libertad, es, por el contrario, excepcional, ya que la regla general es la de ser investigado y juzgado en libertad, como derecho fundamental, pero con la seguridad de su comparecencia. Por lo tanto, es así como la premisa estatal debe ser la de preservar la seguridad pública en el marco del pleno respeto a los derechos humanos, es decir, la seguridad pública con el de juzgamiento en libertad. Por lo tanto, el uso de la detención preventiva excepcional y solo tiene ocurrencia cuando prevalecen las medidas de control penal como solución a los problemas de seguridad ciudadana. Pero, resulta importante traer a colación la reiteradas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que indican que los conceptos de “peligrosidad”, “alarma social” o “repercusión social” no pueden ser usados como justificación de la prisión preventiva, toda vez que son juicios que se fundamentan en criterios materiales y convierten a la prisión preventiva en una pena anticipada obviando que la privación de libertad durante el proceso sólo puede tener fines cautelares y no retributivos. Además, ignoran la necesidad, consagrada en la Convención Americana, de que la detención preventiva se debe justificar en el caso concreto, a través de una ponderación de los elementos que concurren a éste, y que en ningún caso la aplicación de tal medida cautelar sea determinada por el tipo de delito que se impute al individuo. “En sentido concordante, la Comisión Interamericana entiende que la norma contenida en el artículo 7.5 de la Convención prevé como únicos fundamentos legítimos de la prisión preventiva los riesgos de que el imputado intente eludir el accionar de la justicia o de que intente obstaculizar la investigación judicial. En este sentido, lo que se pretende por medio de la aplicación de esta medida cautelar es concretamente lograr la efectiva realización del juicio a través de la neutralización de los riesgos procesales que atentan contra ese fin. Por lo tanto, es contrario a esta norma y al derecho a la presunción de inocencia, e incongruente con el principio de interpretación pro homine, el que se justifique la detención previa al juicio en fines preventivos como la peligrosidad del imputado, la posibilidad de que cometa delitos en el futuro o la repercusión social del hecho. No sólo por las razones expuestas, sino porque se apoyan en criterios de derecho penal material, no procesal, propios de la respuesta punitiva” . (Subrayado fuera de texto). Por eso la Defensoría del Pueblo aboga por un uso excepcional de la prisión preventiva, destacando que el derecho de presunción de inocencia implica, como regla general, que toda persona sometida a proceso penal debe ser juzgada en libertad, y sólo por vía de excepción se puede detener preventivamente , máxime cuando las condiciones de privación de la libertad en el país conlleva a la restricción de una amplia gama de derechos. Y, demás, la existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para decretar la detención preventiva de una persona, toda vez que lo anterior significaría una sentencia anticipada. La imposición de esta medida debe contar con argumentos de carácter procesal, tales como evitar la obstaculización de la justicia, la no comparecencia al proceso, o la elusión de la sentencia; además debe constituirse como absolutamente necesaria y proporcional, en el sentido de que no existan otros medios menos gravosos para lograr el fin procesal que se persigue. CONTINUA: III.- DETENCIÓN PREVENTIVA INTRAMURAL. HACINAMIENTO EN LAS CÁRCELES….

Ni Sumisión, ni agresión: asertividad

Por: Marta Sáenz Correa Soy asidua lectora de Walter Riso, reconocido psicólogo clínico que escribe contenidos técnicos  y trasmite a sus lectores mensajes en un lenguaje fácil, agradable, y práctico. En su libro: «Cuestión de dignidad», trata de abordar la falta de asertividad y cómo afrontarla, y el tema de los derechos personales, que usualmente pasan inadvertidos por mucha gente, ya sea por un mal aprendizaje, desconocimiento u olvido. Intentare resaltar los aspectos más relevantes del libro que nos permita aprender a ser menos sumisos y agresivos, y mas asertivos. Una persona es asertiva cuando es capaz de ejercer y/o defender sus derechos personales, como por ejemplo, decir no, expresar desacuerdos, dar una opinión contraria y/o expresar sentimientos negativos sin dejarse manipular, como hace el sumiso, y sin manipular ni violar los derechos de los demás, como hace el agresivo. Entre el extremo nocivo de los que piensan que el fin justifica los medios, y los incapaces de manifestar sus sentimientos y pensamientos, está la opción de la asertividad, que integra constructivamente la tenacidad de quienes pretenden alcanzar sus metas con la disposición a respetar y auto respetarse. Las personas no asertivas piensan, sienten, y actúan de una manera particularmente débil a la hora de ejercer o defender sus derechos, y tienen pensamientos como: los derechos de los demás son más importantes que los míos; no debo herir los sentimientos de los demás ni ofenderlos, así yo tenga la razón y me perjudique; si expreso mis opiniones seré criticado o rechazado, no sé qué decir ni como decirlo;  y no soy hábil para expresar mis emociones. Los individuos sumisos suelen mostrar miedo, ansiedad, rabia contenida, culpa real o anticipada, sentimientos de minusvalía y depresión.  Ser sumiso se aprende de forma paulatina, sin darse cuenta, no es cuestión biológica ni hereditaria, es un comportamiento aprendido y por tanto modificable. Cada vez que agachamos la cabeza o accedemos a peticiones irracionales, le damos un duro golpe a nuestra autoestima: nos flagelamos. Y aunque salgamos bien librados por el momento, logramos disminuir la adrenalina y la incomodidad que genera la ansiedad, nos queda el sinsabor de la derrota, la vergüenza de haber traspasado la barrera del pundonor, la auto culpa de ser un traidor de las propias causas. Ni siquiera los reproches posteriores, y las promesas de que nunca volverá ocurrir, nos liberan de esa punzante sensación de fracaso. La asertividad fortalece el amor propio y la dignidad. Para exigir respeto debo empezar por respetarme a mí mismo y reconocer aquello que me hace particularmente valioso, es decir debo quererme  y sentirme digno de amor. La dignidad personal es el reconocimiento de que somos merecedores de lo mejor, lo cual nos permite tener una mejor defensa psicológica y nos hace más seguros. El esquema nuclear de toda persona  asertiva es de fortaleza, de seguridad, y es opuesto a la mente del dependiente, que todo el tiempo cree que es débil y que deben protegerlo para sobrevivir. La asertividad facilita la libertad emocional y el autoconocimiento, nos ayuda a experimentar e integrar  las emociones a nuestra vida. Cuando expreso lo que siento y pienso, libero la mente y sano mi cuerpo. Además, nos ayuda a resolver problemas, mejorar la comunicación, y construir relaciones más funcionales, más directas y autenticas. ¿Quien no se ha mirado alguna vez al espejo tratando de perdonarse la sumisión o no haber dicho lo que en verdad pensaba?  

No a reelección de Alcaldes y Gobernadores

  Por: Horacio Serpa Con buen juicio el gobierno nacional propuso al Congreso Nacional la eliminación de la reelección presidencial de nuestro Estatuto Constitucional. También solicitó eliminar la reelección de los altos funcionarios de la administración pública. Estos temas se tramitan dentro del Acto Legislativo denominado de “Equilibrio de Poderes”, bastante controvertido. Cualquiera que sea la suerte de los diferentes asuntos que se tramitan conjuntamente, lo más seguro es que la no reelección presidencial sea aprobada con el apoyo de los distintos partidos, excepción hecha de Centro Democrático, por razones entendibles. Al mismo tiempo, el gobierno nacional propuso que todas las elecciones se realicen el mismo año, Presidente, Congreso, Gobernadores, Alcaldes, Diputados y Concejales. Ello se ha denominado “Unificación de Períodos” y entraña, según la iniciativa gubernamental, que los actuales Gobernadores y Alcaldes puedan reelegirse, extendiéndose su actual período por tres años. Actualmente no hay reelección inmediata para estos funcionarios. Me opuse a la reelección del Presidente Uribe con responsables argumentos constitucionales y políticos. El transcurrir del tiempo me dio la razón. Uno de mis planteamientos fue el de que el constituyente derivado, vale decir el Congreso, no podía cambiar abruptamente las definiciones asumidas por el pueblo, como la de reelegir a un Presidente de la República elegido por cuatro años, sin derecho a reelección. Lo mismo ocurre hoy. Los actuales Gobernadores y Alcaldes fueron elegidos popularmente para un período de cuatro años, sin reelección. No puede el Congreso Nacional, por sí y ante sí, modificar el sentido del pronunciamiento ciudadano para autorizar su reelección. Además, resulta francamente contradictorio prohibir la reelección para unos servidores públicos y autorizarla para otros. No es coherente, no tiene “ni pies ni cabeza”. La propuesta de reelección de gobernantes regionales y locales desquicia la transparencia electoral. Está sentado en la doctrina, en la jurisprudencia y en la práctica política, que lo electoral demanda equidad, seriedad, responsabilidad y reglas permanentes, que no pueden cambiarse de un momento a otro. El Acto Legislativo sobre reelección sería aprobado en el próximo mes de Junio, cuando las elecciones se harán cuatro meses después. En todos estos meses regirá la incertidumbre para los que aspiren a esas dignidades sin ser funcionarios, y en general para los electores. Si se aprueba la reelección de gobernantes regionales, ¿cuál va a ser el Estatuto de Garantías Electorales? ¿No será necesario? Claro que sí, pero ¿cuándo y cómo se va a aprobar? La propuesta es irregular, extemporánea, inconveniente, incoherente e inconstitucional. El gobierno por diferentes razones insiste en su trámite y ya recibió en la Cámara de Representantes dos aprobaciones, de las ocho necesarias. Los Gobernadores y los Alcaldes en un gesto que los enaltecería debieran asumir la decisión de pedir que se archive el proyecto.